La recta final del poder de los 100
A inicios de año, cuando 40 de los verdeflex se sabían sin posibilidad de reelegirse, la oposición calculaba un último año de Legislatura distinta: “creo que estarán más sueltos de la voluntad presidencial”, decía por entonces el independiente Ramiro A
Sin cambios. A inicios de año, cuando 40 de los verdeflex se sabían sin posibilidad de reelegirse, la oposición calculaba un último año de Legislatura distinta: “creo que estarán más sueltos de la voluntad presidencial”, decía por entonces el independiente Ramiro Aguilar, hoy candidato vicepresidencial por FE. No fue así.
La aprobación de leyes, a fuerza de mayoría, volvió a imponerse en la recta final de una Legislatura que terminó por consolidar el proyecto correísta esta misma semana con la Ley de Plusvalía. Y aunque es cierto que las diferencias sobre los proyectos se volvieron públicas (35 de 100 verdeflex esquivaron la aprobación a punta de votos contrarios, abstenciones, ausencias o envío de suplentes), la inercia del partido de Gobierno los condujo hasta el sí de la mayoría absoluta.
Para los jefes de bloque de oposición, como Patricio Donoso (CREO), esta no ha sido más que mantener el error más costoso, políticamente hablando, para el oficialismo: “anular otras visiones, descartar cualquier propuesta de las demás bancadas”. Ese monopolio legislativo ha dejado en el archivo casi un centenar de proyectos de oposición. “No me va a decir que ninguno valía la pena”, cita Donoso.
Poco ha variado. El jefe del bloque socialcristiano, Henry Cucalón, no duda en ser tajante, como es su estilo: “2016 fue la misma tónica de lo que ha sido el correísmo todos estos años. Seguir asfixiando a los ciudadanos con más impuestos y seguir fortaleciendo el estatismo y el totalitarismo en desmedro de loa derechos y garantías de los ecuatorianos”.
Este ritmo, de diferencias que no se dicen dentro del oficialismo y de voces que no se escuchan fuera, explica bien el resultado legislativo del año: una discusión de sordos.
Lo ilustra claramente el resultado de la Ley de Solidaridad, con la que la Asamblea Nacional debía comprometerse a dotar de fondos a los afectados por el terremoto de abril. El momento de unidad nacional, terminó, como de costumbre, con el voto usual de oficialismo y oposición incapaces de acordar ante lo evidente, ante la emergencia.
De los cinco meses que restan no hay motivos para pensar que esto puede variar.
La tragedia que unió a un país, pero separó a los políticos
El terremoto de abril provocó una tregua política que hasta entonces solo se había conseguido con la visita del papa Francisco en julio de 2015.
Pero cuando la clase política se vio obligada a tomar acciones, y pese a que todos coincidían en la necesidad de recaudar dinero para la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, el oficialismo y la oposición fueron incapaces de acordar la forma.
Al final, como de costumbre, se impuso la mayoría verdeflex sin poder garantizar, por ejemplo, con un fideicomiso que los fondos fueran, efectivamente, destinados a los damnificados.
El impuesto que ni la calle ni la oposición ni el oficialismo frenaron
Como cuando las enmiendas, que hicieron salir a los ciudadanos y políticos a las calles, la Ley de Plusvalía terminó por aprobarse. Pero, al igual que lo sucedido con la reforma constitucional, el proyecto convertido en ley tuvo que aprobarse con modificaciones sustanciales: en este caso, cambiar el cálculo de la “ganancia extraordinaria”.
El proyecto resultó tan polémico que un tercio del oficialismo se negó a votarlo y la oposición, que había logrado posicionar el tema un año atrás en las calles, no ha dudado en incluirlo como uno de los pilares de campaña para 2017.