Hace once años, Cabil Ernesto Mero Delgado y José Ramón Benítez Medranda vivían en la misma ciudad pero no se conocían a pesar de tener en común la actividad pesquera. El 12 de mayo de 2006, una ‘tormenta’ arrasó no solo con sus vidas, sino con todo lo que habían adquirido en años: casas, barcos, lanchas, joyas. Pero lo que más les ha dolido es la pérdida de la libertad y la tranquilidad. Un grave perjuicio que podría pasarle factura al Estado.

En esa fecha, ambos fueron involucrados en una organización delictiva vinculada al narcotráfico, que fue desmontada dentro del operativo ‘Tormenta del Pacífico’, como parte de una redada internacional denominada ‘Océanos Gemelos’, desplegada también en Colombia, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela. Un total de 72 personas cayeron en el país, incluyendo empresarios y hasta dirigentes deportivos.

Sin saber en lo que exactamente los estaban involucrando, Cabil y José decidieron mantenerse en la clandestinidad hasta que se resolviera su situación jurídica. Once años después, salen a la luz para exigir justicia y reclamar todos los bienes que les incautaron.

Cabil lo hace desde 2009, en que la Tercera Sala de lo Penal del Guayas dictó sobreseimiento definitivo a su favor y otros implicados dentro de un proceso que inició la Fiscalía por el delito de organización, financiamiento y gestión de actividades delictivas, en el que apareció como supuesto gestor. A eso se sumaron otros dos expedientes: por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el primero la Fiscalía no acusó y el otro fue anulado.

Su lucha se mantiene para que la justicia le devuelva un barco pesquero, que -a pocos meses del operativo- fue vendido sin una sentencia ejecutoriada, según explica la abogada Djalma Blum, defensora de cuatro de los involucrados en el caso. A esa lucha espera que también le devuelvan un terreno y la casa en que vivía con su esposa e hijos.

“Se llevaron hasta los cuadernos de mis hijos”, recuerda María de Lourdes Mendoza Zambrano, también implicada en el caso como encubridora de su esposo Cabil, quien vive en el anonimato tras ser declarado insolvente.

“Yo simplemente soy ama de casa, no sabemos por qué nos involucraron... ninguno de mis tres hijos pudo estudiar porque no solo fuimos víctimas de las leyes, sino también de las personas, los insultaban. Tuvimos que estar escondidos nueve años”, cuenta María. Su voz se quebranta al mencionar que uno de sus vástagos está con cáncer a la médula.

En similar o peor condición, está José Benítez. Un pescador de 56 años, cuya situación lo ha llevado a una apariencia setentona. Desde 2006 le huye a la justicia. Él asegura que no es cómplice de nadie y que no ha cometido ningún delito. ‘Tormenta del Pacífico’ se le llevó tres barcos, 12 lanchas, todo el material pesquero y dos casas que construyó para su familia.

“He vivido enfermo todo este tiempo”, dice al listar todo lo que ha padecido en los últimos 11 años: está diabético, hipertenso, tiene más del 75 % de discapacidad visual. A los tres años del operativo perdió a su madre y cuatro años después a una hija de 20, con cáncer.

A esas pérdidas, José agrega las dos casas -una de ellas de tres pisos- que esperaba recuperar una vez resuelta su situación. El 16 de abril de 2016, sus esperanzas se derrumbaron. El terremoto las desplomó.

Desde entonces vive arrimado con su esposa y un hijo en la casa de un familiar, donde un colchón los cobija en el piso.

Su situación jurídica sigue incierta igual que la de María.

“Yo le pedí a los jueces para que los juzguen, pero me dicen que no son competentes para hacerlo, porque están prófugos y tendrían que ser detenidos... estamos en un limbo jurídico que no se resuelve”, dice la abogada Blum, quien llevó el caso fuera del país para encontrar justicia.

Demanda en contra del Estado

La situación llevó a uno de los implicados en el caso (en ese entonces empresario) a presentar una demanda en contra del Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 25 de mayo, el organismo resolvió declarar admisible la petición en relación a la violación de varios derechos. La abogada Blum dice que no han señalado un pedido de indemnización, pero esperan que lo fije la CIDH.