Marchan, aunque con pocas expectativas. Las centrales sindicales, maestros, trabajadores autónomos y algunos grupos sociales marcharon ayer por las calles del centro de Quito, para rechazar las medidas económicas y laborales que ha tomado el Gobierno a raíz de la crisis que va dejando el coronavirus.

La necesidad de movilizarse para demostrar su inconformidad es cada vez más apremiante, dijeron, ya que el presidente Lenín Moreno estaría a pocas horas de sancionar las leyes Humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que fueron aprobadas a mediados de mayo por la Asamblea Nacional. Aunque el plazo fenece el 15 de junio, el mandatario se pronunciaría antes.

Según los sindicatos, al presidente Moreno le quedarían dos caminos: vetar gran parte de la normativa aprobada por el Legislativo o archivarla para construir una nueva que tome en cuenta el criterio de las organizaciones sociales. Pero José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), considera que el escenario más probable es que pasen ambas leyes “porque hay un gran pacto con los empresarios, la banca y los grupos de poder”, le dijo a EXPRESO.

Por eso, los trabajadores creen que las acciones de hecho se extenderán e irán tomando fuerza con el transcurso de la semana, pese a las restricciones y medidas de distanciamiento dispuestas para evitar la propagación del coronavirus. Ayer, los manifestantes intentaban mantener la distancia de dos metros, pero la tarea se hizo imposible. La movilización logró llegar a la Plaza de Santo Domingo, pero los alrededores del Palacio de Carondelet fueron sitiados por vallas y policías antimotines.

No fueron los únicos que salieron a protestar a la calle. Un grupo de militares en servicio pasivo hizo ayer un plantón en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, en la Plataforma Financiera del norte de Quito, y desplegaron una lista de reclamos.

Primero, aseguran que no han recibido el pago de los pensionistas de las Fuerzas Armadas. También exigen que el Gobierno central honre la deuda que aseguran tiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Y por último, quieren la salida del ministro Richard Martínez, a quien acusan de ser el causante de la crisis económica que atraviesan diversos sectores del país. “Hoy somos cien, mañana cien mil”, fue la arenga de los soldados retirados.

Los maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que tuvieron dificultades para movilizarse al centro de Quito y unirse al FUT, decidieron hacer un plantón en el sector de la Mitad del Mundo, frente al antiguo edificio de la Unasur.

Con banderas, carteles y parlantes reclamaron, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que generará bajas en los salarios del sector público. Los actos de corrupción detectados en las últimas semanas, tanto en el ámbito público como privado, también fueron un tema que se sumó a esta protesta.

Los profesores consideran que si las autoridades logran controlar el desvío de fondos, ya no sería necesario hacer ajustes a sus remuneraciones.

Decreto

Los manifestantes también exigen que se derogue el Decreto Presidencial 1053 que establece la reducción de la jornada de trabajo de 8 a 6 horas diarias por un periodo no mayor a seis meses, renovables por seis meses más, por una sola ocasión.

Diálogo

Los sectores sociales aseguran que ni cuando se aprobaron las dos leyes en la Asamblea, y tampoco antes, fueron convocados por el Ejecutivo para elaborar la normativa. Aseguran que el régimen ha preferido consultar a los grupos económicos.

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Durante su último Informe a la Nación, el 24 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno anunció que no abusará de su facultad de veto y que no se incluirían nuevos impuestos, lo que hace suponer que las leyes no sufrirán grandes variaciones.