Ocho meses. Es el tiempo con el que cuenta la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para tramitar, entre otros aspectos, los juicios políticos pendientes en agenda y dar así un lavado de cara al último periodo de gestión de la mesa saliente y de una Asamblea Nacional en general con algunos miembros salpicados por actos irregulares.

El tiempo parece corto, pero no lo es si se toma como ejemplo otros juicios políticos despachados durante el actual periodo legislativo. Por ejemplo, la interpelación al entonces fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, inició el 16 de marzo de 2018 con el pedido presentado por el asambleísta Henry Cucalón y terminó el 26 de abril del mismo año con la resolución de censura y destitución del fiscal, es decir un mes y diez días después.

El juicio político contra el entonces superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, duró un poco más de dos meses. Inició con el pedido presentado por el legislador Fabricio Villamar el 31 de enero de 2018 y finalizó el 12 de marzo del mismo año.

Ambos casos contaban con un elemento que aceleraron los procesos: voluntad política. Es la gasolina que impulsa los casos políticos y debates de leyes en general para llevarlos hasta el final indistintamente de su resolución favorable o no. En ese sentido se han pronunciado algunos de los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización. “Todo lo que llegue a la Comisión tiene que ser despachado y revisaremos la figura jurídica para que todo aterrice en el pleno... También se puede crear mayoría entre esos 11 legisladores para que algún caso no se atiende o se archive. La Comisión tiene que actuar ”, comentó el legislador Bairon Valle, nuevo integrante de la mesa legislativa.

Y como hay de los casos que avanzan con rapidez, también hay de los otros. El asambleísta Cucalón presentó el pedido de juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el pasado 2 de junio y hasta la fecha, un poco más de tres meses después, hasta el cierre de esta edición no tenía calificación del Consejo de Administración Legislativa.

La nueva composición de la Comisión de Fiscalización, sin bancadas predominantes en su seno, espera darle vialidad a los casos de juicios políticos pendientes dentro del actual periodo legislativo.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, está en la lista de interpeladas por su actuación en los hechos del paro de octubre pasado. Sin embargo, el legislador Roberto Gómez considera que la funcionaria debe responder también por el llamado reparto de hospitales. “Hemos adjuntado, al juicio político, el expediente en el que la Asamblea Nacional ya determinó la participación política de Romo en el reparto”, comentó el asambleísta en su cuenta de Twitter.

Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se adelantó y presentó una demanda de inconstitucionalidad a la decisión de la Asamblea Nacional de reestructurar la mesa legislativa.