Un intento de lavado de cara que puede salir muy caro para la Asamblea Nacional

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Un intento de lavado de cara que puede salir muy caro para la Asamblea Nacional

La intención, según expertos, de cambiar la Comisión de Fiscalización es limpiar la imagen de la Asamblea. Ven vicios en la legalidad del proceso

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Con 107 votos afirmativos, el pleno aprobó la reestructuración de la Comisión de Fiscalización.CORTESÍA

¿Un verdadero intento de fiscalizar o un último lavado de cara antes de pasar la batuta? La Asamblea Nacional reestructuró la Comisión de Fiscalización y Control Político a ocho meses de que el nuevo Legislativo tome posesión de las 137 curules, con la promesa de que esta nueva mesa en este corto tiempo lleve adelante varios juicios políticos en agenda como el que aguarda en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación en los hechos del paro nacional de octubre pasado.

Pero la decisión de modificar su integración, a criterio de varios analistas políticos, parece más un intento de lavado de cara y no una verdadera intención de fiscalizar a varios rostros políticos. El analista y expresidente del Congreso Nacional, Juan José Pons, considera que la actual Asamblea, cuyo periodo se ha visto manchado por varios cuestionamientos a sus integrantes, no tiene la fuerza ética ni moral para emprender un proceso de fiscalización. 

Es una Asamblea con por lo menos 60 legisladores siendo investigados por presuntos hechos delincuenciales e iniciar un proceso de fiscalización hoy que no han hecho en 14 años, porque esto no es de ahora, sería algo irresponsable. La única razón para fiscalizar hoy sería para promoverse políticamente, echarle el muerto a otro de lo que no han hecho y tratar de lavarse una cara que no pueden lavar.

Juan José Pons, analista y expresidente del Congreso Nacional.

Entre los 60 que menciona Pons están los ahora exlegisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes integraron esta mesa legislativa y ahora son investigados por el presunto delito de delincuencia organizada por la contratación de la construcción del hospital de Pedernales.

Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cree que el tiempo dirá si la reestructuración le ayuda o no a limpiar su imagen “venida bastante a menos” en este periodo. “Esta reestructuración no garantiza un cambio estructural, simplemente es algo coyuntural. En las reformas a la Ley de la Función Legislativa deberían contemplarse que la integración de la Comisión de Fiscalización sea plural y no responda a quién tuvo o no mayoría en las elecciones”.

Más allá de si es un lavado de cara o un intento verdadero de fiscalizar, existe una arista que cierne dudas sobre la legalidad de la decisión de la mayoría parlamentaria dirigida a remover a los actuales integrantes de la mesa. Voces oficialistas, basándose en una consulta vinculante a la Procuraduría General del Estado, aseguraron que existe un impedimento legal para que la Asamblea reestructure dicha mesa legislativa. El artículo 23 de la Ley de la Función Legislativa establece que dicha comisión durará dos años en funciones. El constitucionalista Gabriel Hidalgo coincide con la consulta de la Procuraduría. 

Lo que aprobaron los legisladores es improcedente. Es cierto que el pleno es el máximo órgano político, pero no cabe que el pleno se ponga por encima de la Constitución. En el derecho público, lo que no se encuentra expresamente permitido se reputa como prohibido.

Gabriel Hidalgo, constitucionalista.

En esa misma línea, el también constitucionalista y catedrático universitario, José Chalco Salgado, considera que la decisión del pleno en ese sentido se constituye en una suerte de mayoría de turno y una ruptura del Estado de derecho. “Claro que nos preocupa los perfiles de quienes integran la Comisión de Fiscalización, pero me preocupa más lo que hizo el pleno al margen de la ley y de la Constitución”.

¿Es decir que todo lo que resuelva esta eventual nueva Comisión, incluidos los juicios políticos contra Romo, el ministro Richard Martínez (pendiente por resolver), el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, será nulo? “Tendrá un vicio de origen. Con un poco de astucia jurídica, podrá hacer que se declaren inconstitucional esas decisiones. Porque tendrán un vicio de origen en la conformación de la mesa”, precisa Chalco.

Adelantándose a la decisión de la Asamblea Nacional, uno de los funcionarios en la mira del control político, Christian Cruz, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. “Algunos asambleístas inobservaron la Ley de la Función Legislativa, irrespetaron el periodo de dos años que por la ley le corresponde a la Comisión de Fiscalización”.