Un excontralor chileno, que luego de su dura experiencia dictatorial sabía de qué hablaba, gustaba de insistir en que “no hay democracia sin control ni control sin democracia”. El Ecuador que vivió sin control toda la década infame no es ajeno al referido apotegma.

En efecto, cuando el contralor era un cómplice encubridor de todo tipo de asaltos a los fondos públicos, se toleraban los grandes negociados y también las pequeñas rapiñas conocidas como raterías.

La Asamblea Legislativa, que como debe recordarse permitió que a su comisión de fiscalización se la rebautice como comisión de archivo, tampoco cumplió su rol y una oposición desestructurada por la conveniencia o el miedo, también falló.

En ese entorno como antecedente, todos los días se descubren pequeñas y grandes pillerías, pero las sanciones son prácticamente inexistentes si se las compara con la magnitud de los atracos.

Ahora aparece que hasta ciertos gastos propios de la acción del partido de Gobierno, por entonces Alianza PAIS, eran solventados por la Secretaría de Gestión de la Política.

Queda claramente visible la confusión de lo público con lo privado, que es frecuente observar en los regímenes con vocación totalitaria. No únicamente los refrigerios y los almuerzos eran pagados con fondos del Estado cuando se convocaban reuniones destinadas a realizar contramanifestaciones durante las frecuentes protestas populares a las que los desafueros del gobierno daban lugar. La confusión, mejor el cinismo, era tan prevalente que hasta la elaboración de las banderas del partido era financiada con recursos de esa Secretaría de Gestión de la Política.

En todo caso, cuando ya se tienen pruebas de lo largamente sospechado y se tiene certeza de lo anómalo de lo sucedido, no cabe que quienes ejecutaron esos actos contrarios al interés nacional y a la ética pública estén sin sanción alguna.

Aunque argumentaran que son perseguidos políticos o que ellos no tuvieron conocimiento del asunto -la desmemoria está de moda-, es sumamente trascendente no seguir dando la impresión de que con el cambio de gobierno los insucesos se ponen en conocimiento de la ciudadanía pero sus autores siguen gozando de una intolerable impunidad. Es de esperar que todo lo que la Contraloría está evidenciando tenga la correspondiente judicialización.