Carlos Alberto Reyes Salvador | Liam
Cumplir la ley no significa hacerlo con brutalidad, ni con métodos de intimidación colectiva
El suelo estaba cubierto por una capa blanca y fría, y el aire cortaba la piel como solo lo hace el invierno del norte. En medio de esa escena, Liam, un niño ecuatoriano de cinco años, pequeño, vulnerable, con su gorro de orejas de conejo y ropa de abrigo, regresaba de la escuela, como cualquier niño. Pero ese día la infancia se le terminó por un instante.
Agentes de inmigración, armados y con el rostro cubierto (como los sicarios de Mocolí), lo rodearon en la entrada de su casa en Mineápolis. En cuestión de segundos, lo cotidiano se volvió terror. Su padre, Adrián Conejo Arias, habría intentado huir. En ese instante, la escena se vuelve escalofriante por su simbolismo. El niño queda solo, abandonado, en medio de adultos, de órdenes, de tensión y de miedo. El menor fue usado como cebo, como carnada, para obligar a que su madre saliera y así capturarla. El niño, en la nieve, convertido en un objeto, en una herramienta de presión.
El Departamento de Seguridad Nacional ha negado esa versión, alegando que el padre lo dejó abandonado mientras escapaba. Pero un juez federal, Fred Biery, criticó con dureza el procedimiento, señalando el carácter traumático de estas prácticas y ordenando la liberación del niño y su padre desde el centro de detención de Dilley, Texas. La imagen ya quedó grabada en la conciencia pública. Un niño en la nieve, rodeado de agentes, sostenido no por su familia sino por un aparato estatal que parecía ignorar lo esencial.
Estados Unidos tiene todo el derecho a controlar su frontera y hacer cumplir sus leyes migratorias. Ninguna nación puede subsistir sin reglas, y el control migratorio cumple objetivos legítimos, como seguridad, orden interno y combate a redes criminales. Si existe un sistema legal, tiene que aplicarse, aun cuando resulte impopular o incómodo. La autoridad del Estado no es negociable.
Pero existe una frontera que ninguna democracia debería cruzar. Cumplir la ley no significa hacerlo con brutalidad, ni con métodos de intimidación colectiva. El derecho de un menor a vivir su niñez, a estar protegido, a no ser expuesto al terror ni a la violencia psicológica, es un principio básico de civilización. Un niño que no eligió migrar, no diseñó ningún trámite, no tomó decisiones de adultos, carga el trauma de una intervención estatal que, para muchos, se asemeja más a una cacería que a un proceso institucional.
A esto se suma un elemento inquietante. Diversos reportes y organizaciones han advertido sobre el llamativo porcentaje de ecuatorianos dentro de ciertas listas de detenidos por ICE en operativos recientes. Cuando una nacionalidad aparece de manera desproporcionada, la preocupación crece, porque ya no parece control migratorio general sino un patrón selectivo que puede alimentar persecución, estigmas y xenofobia.
El caso Liam no es solo un caso migratorio. Es un recordatorio de que la ley sin humanidad se vuelve opresión, y de que el orden sin compasión se vuelve terror.
Respetar las leyes es necesario. Defender fronteras es legítimo. Pero también lo es exigir proporcionalidad y dignidad.
La convivencia en sociedades diversas solo es posible con tolerancia, y la tolerancia empieza cuando entendemos que ningún Estado se engrandece quebrando la infancia de un niño en la nieve.