Rafael Correa se convirtió en el primer gobernante iberoamericano en recibir el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia por parte de la Fundación Carlos III. En una ceremonia en el palacio de Gobierno, Arkel Benítez, secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, integrada por 21 naciones, aseguró que para la organización “es un honor reconocer” los méritos de Correa en el campo judicial.

“Hemos podido constatar esa transformación de Ecuador en materia de seguridad y justicia”, dijo Benítez al apuntar que el ecuatoriano es un Estado “que protege la vida”, que aupa un sistema de justicia modernizado y la rehabilitación penitenciaria. Antonio Sánchez, vicepresidente de la Fundación Carlos III, resaltó que Ecuador “se encuentra dentro de los países más avanzados de Latinoamérica”, que da muestras de un sostenido crecimiento económico.

“Desde España, podemos constatar que Ecuador se encuentra en un punto de inflexión para pasar de ser un país receptor de cooperación, a convertirse en un país transferente de conocimiento”, indicó. Tras recibir la condecoración, Correa, en el poder desde 2007, apuntó que no es un reconocimiento a lo que él ha hecho sino “a lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano que hace 10 años dijo basta, dijo ‘presente’ y empezó a cambiar la historia”.

“El sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma”, destacó el gobernante, antes de mencionar varios de los progresos alcanzados en el sistema judicial ecuatoriano. Apuntó que en su Administración se impulsó la transformación del sistema de justicia “en el marco del máximo respeto entre las funciones del Estado, pero sabiendo que el poder del Estado es uno solo y que hay interdependencia entre las funciones del Estado”.

El gobernante detalló que la reforma integral de la justicia se concreta en la dotación de una infraestructura moderna y funcional para el sistema judicial, en reformas indispensables en las normas procesales y en el fortalecimiento de la carrera judicial con base en la “más estricta meritocracia”. Además, en la creación de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Judicatura, que coordina el trabajo de las instituciones que apoyan al sistema judicial: los ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Pública.

Apuntó que desde 2011 invirtieron en el sector de justicia 2.528 millones de dólares y 385 millones en el sistema penitenciario, que representan casi tres puntos del producto interno bruto (PIB). Correa aseguró que ahora hay en el país un total de 12,57 jueces por cada 100.000 habitantes, “más del doble de lo que teníamos hace 10 años y ya por encima del promedio de la región”, subrayó al tiempo de resaltar también la agilidad en el proceso de las causas judiciales.