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Quito conserva grandes flaquezas en su cruzada contra el coronavirus

Los concejales cuestionan la gestión de Jorge Yunda. Aún no existe un plan ante el fin del estado de excepción

La Policía Nacional hace campañas sobre el coronavirus en Quito
La Policía Nacional hace campañas sobre el coronavirus en Quitoangelo chamba

La reactivación es necesaria, pero falta orden desde los líderes de la ciudad. Los concejales capitalinos coinciden en que el fin del estado de excepción, ordenado por la Corte Constitucional y el gobierno nacional desde el 12 de septiembre, toma por sorpresa a Quito porque no existe un plan claro desde el Municipio. Esta semana, según la Secretaría de Salud, se inició el análisis para delinear mecanismos que permitan enfrentar la emergencia sanitaria sin el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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En otras palabras, Quito (la ciudad con más casos confirmados de COVID en el Ecuador) está a menos de 15 días de empezar una etapa de libertad de movilidad sin saber cómo se evitará la expansión de contagios de esta enfermedad.

Hasta el jueves, último día de reunión del Concejo Metropolitano de Quito, no existía un plan municipal para la restricción de movilidad o para el uso del espacio público. Desde el 13 de septiembre, quedarán suspendidos el toque de queda y el semáforo de movilidad impuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

¿Aplicará de nuevo el ‘pico y placa’ o se buscará una medida similar al ‘Hoy no circula’? ¿Cómo se atenderá en mercados? ¿Los centros de diversión nocturna podrán abrir, al no haber horario de toque de queda? ¿Existirán controles adicionales para el transporte público? Ninguna de esas preguntas fue respondida por el Concejo.

Es más, en la última sesión ni siquiera estuvo presente el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

El concejal Fernando Morales cuestiona la falta de planificación en la capital. No es posible, dijo a EXPRESO, que no exista un plan y que las decisiones se tomen sobre la marcha cuando se trata de vidas en peligro. Resaltó que el alcalde le queda debiendo mucho a la ciudad porque se quedó solamente en el discurso y no pasó a las acciones.

La vicealcaldesa de Quito, Gissela Chalá, está de acuerdo con el descontento. Ella no entiende por qué no hay un camino claro para que la ciudad avance a partir de la segunda semana de septiembre. Sobre todo, por los números con respecto al coronavirus.

Datos de la Secretaría de Salud muestran, por ejemplo, que la curva de contagios continúa al alza y no hay muestras de una estabilización. El 20 de agosto, como muestra, hubo una desaceleración de casos que duró poco. Para el 28 de agosto, un poco más de 15 días después del feriado del 10 de Agosto, los números volvieron a elevarse.

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A la fecha, Quito reporta más de 21.432 casos confirmados de COVID.

Los datos de ocupación de camas hospitalarias también alertan. El número de personas con síntomas de COVID-19 que esperan una cama sigue siendo de aproximadamente 50 al día, pese a que se añadieron 170 camas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública.

El único indicador que resulta alentador, en parte, es el de número de fallecidos. La semana pasada se registraron 401 muertes en la ciudad. Una reducción de más de 200 casos si se compara con junio.

Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio, aclaró que esos indicadores aún son muy “discretos” y no se puede hablar de un momento más tranquilo para la capital.

Abarca, que también preside el COE Cantonal, aseguró que el organismo está preparando un mecanismo de operaciones para el 13 de septiembre.

El problema, sin embargo, no se limita a la acción frente a a la emergencia sanitaria. El Municipio de Quito tiene otros frentes abiertos y las respuestas han sido mínimas. Los actos de corrupción son el ejemplo estrella.

La compra de pruebas para detectar coronavirus es uno de los actos más cuestionados de la gestión municipal. La adquisición, que superó los 3,7 millones de dólares, es investigada por la Fiscalía General del Estado por un presunto sobreprecio. Además, lo que se compró no fue lo que se recibió.

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En julio, el Municipio debió gastar otros 650.000 dólares para firmar un contrato con Onelab para el procesamiento de las pruebas que se toman a diario en la ciudad. El contrato de 3,7 millones de dólares debía dar ese servicio, pero no se cumplió.

El concejal Bernardo Abad también denunció otros actos irregulares. Según dijo, el Municipio sigue pagando por consultorías en medio de la emergencia sanitaria. Algo que debería estar suspendido porque la mayoría del cabildo está enfocada en la emergencia sanitaria.

A todo eso se suma la falta de recursos que enfrenta el gobierno local. El alcalde Jorge Yunda admitió, a inicios de mes, que hay problemas para cubrir los salarios del personal.