Mientras 14 familias se resignan a la expropiación por la construcción del nuevo eje vial Guayaquil-Samborondón, otras 102 de la primera etapa de la cooperativa Juan Pablo II viven entre incertidumbre porque están asentadas de manera ilegal.

En la década de los 90, el espacio de tres cuadras lo entregó en comodato el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) a la entonces Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayas (Ecapag), para la expansión de las lagunas de oxidación.

Por considerarlo antitécnico, el Municipio de Guayaquil no aprobó la legalización, pese a los insistentes pedidos de los habitantes, quienes incluso afirman que los malos olores van desapareciendo.

El pasado 17 de junio, los moradores invitaron a un acto a la vicealcaldesa Doménica Tabacchi. Según los asistentes, la funcionaria los apoyó en la legalización.

Tabacchi aclaró que les informó que “legalizarán solo lo que se pueda considerar”, recordándoles que se trata de una zona de reserva para las lagunas de oxidación.

Irma Montesdeoca, representante del concejo barrial, recordó que dialogaron con el alcalde Jaime Nebot a finales del 2015, durante la socialización de la licencia ambiental para la construcción del eje vial. Añadió que en esa ocasión el burgomaestre les aseguró que no los iba a desalojar, invitándolos a que se agrupen para tramitar la legalización de la cooperativa.

“Hasta el lunes llevamos el último oficio, para el trámite de legalización”, comentó.

Hace 18 años, los esposos Juan Ruiz y Marjori Ronquillo compraron un terreno en 3 millones de sucres. Comentan que con esfuerzo empezaron a levantar una casa de dos pisos, que quedó inconclusa porque duda si tendrá que ceder espacio cuando se construya la calle, o el peor de los casos sean desalojados.