Tomar pruebas a deudores

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Tomar pruebas a deudores

Elecciones. Alejandro Domínguez ocupaba el cargo interino en el organismo por Napout. Ayer en los sufragios fue respaldado.

Con asombro y preocupación leo y escucho que altas autoridades del Ministerio de Educación pregonan con desparpajo que los hijos de padres “deudores” pueden rendir exámenes, deben registrarse sus notas y recibir la documentación académica, así no paguen las pensiones en las instituciones educativas privadas. El número de morosos se ha multiplicado porque el mensaje que reciben es “para qué vas a pagar, si al final tus hijos recibirán educación privada así no cumplas con tu obligación de pagar pensiones como contraprestación del servicio”. El Estado no invierte ni un dólar en los establecimientos privados; su funcionamiento se financia con el pago de matrículas y pensiones, fijadas por el ministerio con una fórmula perversa y estatizante, confiscando el derecho del manejo económico y presupuestario de estas instituciones. Si se deja de recaudar, algo no se paga, porque no existe otra fuente de ingreso, y los primeros perjudicados son los trabajadores. En un colegio donde no se paguen las pensiones de 3 hijos por 4 meses, se está quitando el sueldo a 3 profesores o 6 personas de mantenimiento. ¿Acaso ellos no tienen hijos con derecho privilegiado de alimentación, vestuario, educación, salud, y lo necesario para subsistir? Es un absurdo que la autoridad educativa diga que” los convenios de pagos son una opción para los planteles”. El convenio ya existe y es el de matrícula, sin que esa misma autoridad lo haga respetar; por el contrario, se propicia la inmoralidad, irresponsabilidad e incumplimiento de los compromisos contractuales.

La obligación ineludible de otorgar educación a los ciudadanos es del Estado y para eso están los establecimientos fiscales gratuitos. Si un padre no quiere o no puede pagar, que el estudiante pase a un establecimientos fiscal, o que el Estado abra una línea de crédito para que los padres paguen las pensiones educativas, retiren la documentación académica y después, que el Estado les cobre, pero no perjudiquen ni se ensañen con el sector privado, trasladándole sus obligaciones.

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