Los maestros serán evaluados psicológicamente. El Ministerio de Educación anunció que, en un lapso no mayor a los 45 días, someterá a quienes conforman todas las unidades educativas (eran 195.000 docentes en el censo de 2010) a las pruebas. Así lo señaló el titular de esta cartera de Estado, Fander Falconí, aunque no especificó cuál será la metodología para cumplir el objetivo en ese plazo.

“He ordenado que hagamos estas pruebas psicométricas a todos los profesores de las instituciones educativas públicas, fiscomisionales, municipales y particulares del país”, precisó.

Personal del ministerio prometió a este Diario detallar hoy cómo cumplirán con esa medida. EXPRESO indagó que es posible que sean los mismos funcionarios del ministerio quienes realicen estas pruebas al personal.

Falconí hizo el anuncio en Quito durante un conversatorio con los medios de comunicación, en el que también participaron la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la presidenta de la Comisión Ocasional Ampetra, Silvia Salgado, y el director nacional de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, Francisco Bonilla.

Para el ministro Falconí, estos exámenes, que miden entre otros factores el conocimiento y la personalidad del trabajador (ver Para Saber), no se practicarán únicamente al personal docente, sino también a los rectores y funcionarios administrativos. “Quienes no pasen las pruebas serán destituidos”, sentenció.

La decisión, opinan dos especialistas en Salud Mental de Guayaquil, es idónea. La más oportuna. Sobre todo porque con la prueba, explicó el psicólogo clínico Christian Arias, se pueden determinar técnicas proyectivas, rasgos del individuo. “Una prueba psicométrica te dice si eres propenso a ser agresivo o no, dependiente o no. Te refleja si eres estable emocional, cognitivamente, impulsivo...”, dijo.

“Si este análisis hubiese sido ley, en los colegios afectados se pudo haber detectado a tiempo a los abusadores”, aseguró.

Los exámenes, agrega la también psicóloga Leticia Ortega, orientadora familiar, permiten conocer el nivel de estrés del aspirante al momento de presentar la evaluación, así como determinar factores que detonen ansiedad. “Su comportamiento ante ciertas situaciones, aptitudes, un perfil psicopatológico..., todo esto puede detectar”. Ambos recomiendan realizarlas al menos una vez al año.

“Aún si el personal ya forma parte de la nómina o lleva buen tiempo trabajando en un colegio, las autoridades deben analizar clínicamente la actitud, el tipo de vida o cambios que tienen sus miembros. Uno nunca sabe cuándo hay un detonante”, sugiere Ortega.

A esto agrega la necesidad de, previo a contratar al personal, entrevistarlo directamente, a fin de tomar en cuenta su empatía, dominio del habla, su relación con la familia y su pasado.

En una publicación d e ayer, que coincidió con el anuncio de Falconí, EXPRESO informó que este tipo de pruebas fue obviado en los procesos de selección e ingreso de maestros públicos en los últimos años.

Falconí reiteró, además, la posición de “cero tolerancia” a estos casos y dijo que funcionarios administrativos, autoridades educativas y maestros que estén involucrados serán separados de manera inmediata.

Reconoció que tanto en el caso de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, como en la institución bilingüe Mushuc Pacari en Quito, existió omisión por parte de las autoridades que conocieron del suceso. Y reiteró que el abuso y acoso sexual son delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que el tema no debe quedarse en lo administrativo, sino pasar a la justicia, para su investigación y sanción.

Ese criterio es compartido por el delegado del Consejo de la Judicatura, Francisco Bonilla, quien considera que parte de la responsabilidad también recae en el trámite administrativo que se cumple en los planteles.

“Este es un tema penal, debe haber la denuncia, sin ella los fiscales y jueces no pueden actuar. Lo malo es que en muchos casos esto se queda entre las autoridades del colegio y los padres de familia”, aseveró.

A la fecha el Ministerio de Educación registra 882 denuncias de casos de violencia sexual en entes educativos. Según Bonilla, entre octubre del 2015 y junio del 2016 la Función Judicial ha dictado 52 sentencias, de las cuales en 20 se declaró la inocencia de los encausados, y en 32 se dictó sentencia condenatoria en los casos de violencia sexual en el ámbito escolar a nivel nacional.

Nuevo caso de abuso en Píllaro

“Me quiero morir. Qué inhumano fue este profesor...”. Así expresa su dolor ‘Margarita’ (nombre protegido) por lo ocurrido con su único hijo, de 8 años, dentro del plantel en el que estudiaba en Píllaro, Tungurahua.

“Fue el 24 de marzo pasado que mi hijo fue violado por el profesor de Educación Física. Lo metió en el baño y ahí lo dañó”, relata la mujer, quien luego de observar el cuerpo del menor lleno de moretones -y confirmar con un doctor la violación- fue a la escuela en busca de respuestas que nadie, ni siquiera la rectora, le dio. Desde marzo, ‘Margarita’, a quien los familiares del docente le han ofrecido $ 25 mil para que no siga la denuncia, está a la espera de que el proceso avance.

Según informe del Distrito de Educación de la Zona 3, son 80 los casos de abuso sexual reportados entre Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo.

Asamblea pide explicaciones

En la Asamblea se adoptan medidas. El presidente del Legislativo, José Serrano, anunció que el Consejo de Administración Legislativa resolvió pedir explicaciones sobre los abusos cometidos y las medidas que se han tomado a las autoridades educativas y judiciales.