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El protocolo contra el bullying, poco conocido
Un estudio de la Unicef señala que casi el 60 % de los alumnos de entre 11 y 18 años han sido víctimas de algún acto violento en la primaria.
En mayo del 2017, el Ministerio de Educación puso en vigencia un protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. No obstante, pocos profesores, estudiantes y padres de familia lo conocen.
El documento fue socializado a los integrantes del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de cada plantel, integrado en su mayoría por psicólogos; pero estos, al parecer, se olvidaron de compartirlo con su comunidad educativa.
Así lo demuestran las respuestas recogidas por Diario EXPRESO a docentes, alumnos y padres. De 100 personas consultadas, menos de la mitad (30) dijo conocer las acciones a seguir para evitar y prevenir esta problemática. El resto indicó que algo sabía porque lo vio en la página web del ministerio o porque alguna vecina le comentó sobre el tema.
El protocolo de actuación define cuatro pasos (detección, intervención, derivación y el seguimiento) como parte de la ruta de activación ante la sospecha o detección de una situación de acoso. Pero cada uno va acompañado de otros puntos que suman un total de 15, que en muchas ocasiones confunden a quienes están llamados a contrarrestar el bullying (ver gráfico).
“El año pasado a mi hijo lo golpearon unos compañeros en varias ocasiones. Lo denuncié en el colegio, pero nunca me dijeron que había un protocolo a seguir. Mi niño tampoco supo qué hacer porque en la escuela la profesora no le hizo caso cuando le comunicó lo sucedido”, comenta una madre de familia de una entidad fiscal, quien aseguró que acudió a la Fiscalía para quejarse.
Pero esta no sería la ruta a seguir, según el protocolo. En ese caso la profesora debió reportar la agresión al directivo, llamar a los padres de los involucrados y continuar con los otros pasos establecidos.
Carmen Morán, profesora de un colegio público, tampoco conoce el protocolo de actuación. Pero dice que “por instinto” sabe que debe informar al directivo del plantel cualquier irregularidad que observe entre sus alumnos.
Los amigos de Britany, la niña de 11 años que murió la semana pasada por un aneurisma cerebral, luego de recibir golpes de sus compañeros de un colegio público de Guayaquil, tampoco supieron qué hacer cuando vieron que a la menor le habían amarrado las manos y piernas y tapado la boca para agredirla.
Durante el periodo lectivo 2017-2018 se reportaron, a los distritos educativos locales, 2.102 casos de ‘violencia entre pares’ en las unidades educativas fiscales y particulares de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. A esta cifra se suman las 20 denuncias mensuales que, por violencia escolar, recibe la Fiscalía.
Los directivos de varias unidades educativas particulares salen al paso para defender las acciones que ellos están implementando contra la violencia escolar. Señalan que ellos sí han socializado los protocolos.
Además, en muchos de estos planteles se desarrollan charlas, campañas orientadas en valores y prácticas extracurriculares, donde los protagonistas son los docentes, estudiantes y padres.
“No se puede negar que el bullying en el sector educativo existe, pero es responsabilidad de todos trabajar para evitarlo”, dice Patricia Ayala, rectora del Liceo Panamericano.
Con ella concuerda Gladys Mejía, una educadora del sector privado, quien anota que en el plantel donde labora continuamente se analiza este tema.
