Día de vestiduras rasgadas y de dientes rechinantes en el Pleno de la Asamblea. No es común que una resolución que termina siendo aprobada por unanimidad (113 votos a favor de 113 presentes) produzca tantos encontronazos a la hora del debate. Pero esta vez se discutía la fuga de Fernando Alvarado y tanto correístas como oficialistas tenían acusaciones mutuas que lanzarse. Por no hablar de la oposición, que no desaprovechó su oportunidad de saltar al cuello de ambos. Así que se sacaron los ojos pero todos votaron juntos, aunque por distintas razones. Difícil de comprender pero implacablemente lógico.

La resolución aprobada incluye una expresión de indignación por la fuga de Alvarado y un llamado a rendir cuentas a nueve funcionarios y exfuncionarios: el fiscal Paúl Pérez Reyna; los ministros Paúl Granda, de Justicia, y María Paula Romo, del Interior; el secretario de Comunicación Xavier Michelena; la exministra de Justicia Rossana Alvarado; el comandante de Policía Nelson Villegas; el director del ECU-911, Rubén Robayo; el director de Inteligencia Estratégica, Jorge Costa; y la ministra de Justicia del correísmo Ledy Zúñiga, con cuya comparecencia la Comisión de Fiscalización iniciará un proceso para investigar la contratación y compra de grilletes electrónicos. El Pleno los espera mañana en lo que podría convertirse en una sesión maratónica y caldeada.

La jornada comenzó con una rueda de prensa de CREO: “Exigimos la renuncia de todos los funcionarios responsables de la fuga de Fernando Alvarado”. Para empezar, los ministros Granda y Romo. Más tarde los asambleístas Roberto Gómez y Homero Castanier llevaron esta postura al Pleno, donde tuvieron que conformarse con moverse en un terreno donde la iniciativa correspondió a otros.

Al bloque oficialista, nada menos. Fue María José Carrión quien, sin indisponerse con su gobierno, propuso el proyecto de resolución. Y fueron los asambleístas del PSC, CREO y el BIN quienes lo defendieron. Los que hablaron de “ineptitud o complicidad” (Cristina Reyes). Los que acusaron al Ministerio de Justicia de estar “bajo el control absoluto de los exgobernantes” (Raúl Tello). Los que exigieron Granda y Romo “que inauguren la decencia y renuncien” (Roberto Gómez). Y también los que pidieron no aplicar medidas cautelares que no impliquen el uso de grilletes cuya efectividad nadie puede garantizar.

Los correístas se movieron sinuosamente entre su necesidad de defender al prófugo y su deseo irreprimible de tener a un puñado de ministros morenistas rindiéndoles cuentas. Que a Alvarado nomás le cogieron por un caso de 6 mil dólares, dijo Doris Soliz, y pidió que se escuche sus argumentos. No hubo quién le diga que no hay cómo, que se ha ido. Marcela Aguiñaga defendió la medida cautelar diciendo que “su objetivo es asegurar la presencia del acusado”. E increíblemente no hubo quién le diga que eso mismo no se pudo en este caso.

Lo demás fue intercambio de improperios entre Aguiñaga y las socialcristianas Cristina Reyes y Paola Vintimilla, que finalmente se hartaron de oírla hablar (siempre lo hace) de su honestidad y manos limpias. Y cruce de argumentos entre Soliz, que acusó a los oficialistas de usurpar su movimiento, y Ximena Peña, que la bajó por un tubo: “Nadie ha usurpado nada. Ustedes decidieron irse”. El jueves habrá más de lo mismo pero con ministros. Para apuntarse a la primera fila.

¿Una cadena de omisiones?

Las autoridades del ministerio de Justicia ya habían explicado a la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre los problemas operativos de los brazaletes electrónicos. Estos dispositivos están equipados con un chip de telefonía celular. Desde que cambiaron de plataforma, de Claro a CNT, la cobertura no es completa, explicaron Marcela Aguiñaga y Luis Fernando Torres.