“¡¿Después del escándalo?!”. A la asambleísta Lourdes Cuesta (CREO) le parece inverosímil que la Procuraduría no examinara la legalidad de los contratos con Odebrecht sino hasta después de que se hiciera público el tema de los sobornos. “Sí, después del escándalo”, confirma el procurador Diego García: “febrero de 2017. Estamos haciendo el control de legalidad este rato”. El funcionario acudió ayer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea para explicar sus acciones frente a los casos de corrupción que sacuden la opinión pública y despertó las suspicacias de las bancadas de la oposición y del gobierno.

La comisión, que sesiona normalmente en su pequeño salón del tercer piso, ha tenido que trasladarse a un espacio más amplio para dar cabida a una treintena de funcionarios de la Procuraduría que han llegado para aplaudir y respaldar a su jefe. Seis asesores con computadoras y enormes carpetas se han instalado en una mesa lateral para brindarle asistencia.

Diego García toma posesión de un podio (inusual en este tipo de sesiones) especialmente solicitado por él para la ocasión. Durante hora y media despacha un informe tan burocrático y frío, en apariencia, que el auditorio tarda en comprender que en realidad está asistiendo al despliegue de una estrategia de tierra arrasada contra el excontralor Carlos Pólit, cuyo abogado pidió hace pocos días imputar al procurador en el caso Odebrecht.

¿Yooo?, parece exclamar García. “Este es un caso de concusión. No perdamos de vista eso. Aquí se trata de dinero, no de responsabilidades administrativas”. Concusión: abuso de cargo público y exigencia de gratificaciones. En este caso, los 6 millones que según la Fiscalía el excontralor Pólit cobró a Odebrecht por desvanecer unas glosas. Y los 4 millones adicionales que exigió por emitir “informes limpios”.

La primera parte de su intervención está dedicada a establecer, con largas citas de la Constitución, la Ley Orgánica de la Procuraduría y el Código Penal, cuáles son sus competencias. Aunque más bien parece que su interés es dejar sentado qué competencias no son suyas. ¿Presentar acusaciones particulares a nombre del Estado? Competencia de la Fiscalía. ¿Imponer o desvanecer glosas? De la Contraloría. ¿Declarar la nulidad de contratos irregulares? Lo mismo. “Había una apariencia de legalidad. Los informes de Contraloría fueron hechos, no necesitaban ser repetidos”. No es su competencia.

“¿El abogado del Estado no revisó el motivo por el cual se dieron esas glosas y después desaparecieron?”, insiste, sorprendida, Lourdes Cuesta. “¿Por qué no realizó el control de legalidad de los contratos a su debido tiempo?”, abunda Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión. Y García, otra vez: no era de su competencia.

Tampoco se le puede imputar responsabilidad alguna en el retorno de Odebrecht al Ecuador, dijo. “La expulsión de la constructora brasileña fue un decreto de emergencia de 60 días para tomar posesión de la central San Francisco. Dos años después Odebrecht se comprometió a reparar la hidroeléctrica, por un costo de 20 millones, y pagar una indemnización de 19 millones para cubrir las pérdidas ocasionadas por la paralización”. Más allá de esa transacción, la Procuraduría no tiene competencias. Es decir: el defensor del Estado actuó como si Odebrecht nunca hubiera sido expulsado. Y no ha imputado a la constructora porque la ley no se lo permite.

Lo que sí hizo la Procuraduría fue fijar el monto de reparaciones que le corresponde al Estado: alrededor de 50 millones de dólares por el caso Odebrecht y 30 millones por el caso Petroecuador, en el cual Carlos Pareja Yannuzzelli parece ser la piedra angular de la “corrupción sistematizada”.

AP ya se pasó a la oposición

“Hay cosas que me distancian de este gobierno”. Antes de declarar instalada la sesión de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga se da unos minutos para charlar con la prensa, expresar su rechazo a dos preguntas de la consulta (la del Consejo de Participación y la de la reelección inmediata) y anunciar manifestaciones de protesta del partido de gobierno contra el gobierno.