La crisis del sistema carcelario nacional merece un análisis más profundo en vista de la serie de acontecimientos ocurridos en los centros de rehabilitación durante los últimos meses. Reos que se enfrentan a bala en los pabellones en una guerra por territorio, la falta de servicios básicos que genera problemas de salud, ausencia de comedores y de verdaderos planes de reinserción social, el hacinamiento, la ausencia de guías calificados para el control penitenciario, entre otros, son aspectos cuya solución no puede, ni debe dilatarse. Durante el régimen anterior se construyeron centros cuya funcionalidad quedó en duda, ya que tampoco había lugar para tanta gente. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado en un tema que amenaza con continuar, considerando que el número de internos llega ya a más de cuarenta mil. Por eso es necesario declarar en emergencia a este sector, con el fin de hacer un diagnóstico real que permita mejorar las condiciones de quienes pagan su deuda con una sociedad que reclama más seguridad.

Todos los poderes del Estado tienen la obligación de involucrarse para evitar la toma de decisiones parche que solo esconden temporalmente el incremento de las mafias enquistadas en una estructura caduca e ineficiente.