La jueza Daniella Camacho concedió el pedido de la Fiscalía.

Prision preventiva para Correa, Glas y tres de sus exfuncionarios

La justicia ecuatoriana ordenó el jueves 8 de agosto prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

Un cúmulo de reacciones a favor y en contra se produjo tras la decisión judicial, en la noche del viernes 8 de agosto de 2019, de emitir una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Rafael Correa, esta vez dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’.

La jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, dictó prisión también para el ex vicepresidente Jorge Glas, quien guarda prisión por asociación ilícita en la trama de coimas de Odebrecht; para el exministro Vinicio Alvarado; el exsecretario del Agua, Walter Solís; y el exasesor de la ministra de la Vivienda, María Duarte, Yamil Massuh.

La resolución de la magistrada, frente al pedido de la Fiscalía General del Estado, generó satisfacción en dirigentes políticos y activistas que aseguran haber sido perseguidos por el régimen de Correa, entre ellos, Mery Zamora, del Movimiento Unidad Popular, quien se refirió en duros calificativos contra el exmandatario.

El periodista Miguel Rivadeneira, también en su cuenta de Twitter, escribió: “Se dicta segunda orden de prisión contra el prófugo en Bélgica, que juró muchas veces pegarse un tiro si le comprobaban que tomó un centavo y resulta que en el último juicio aceptó que le depositaron 6.000 usd en su cuenta personal del Bco del Pacífico pero trató de justificarlo”.

La primera orden de prisión fue por el caso Balda, por el que Correa tiene un llamado a juicio.

Pero así como la resolución alegró a unos, también causó el rechazo de simpatizantes del exgobernante, quienes expresaron su malestar en las redes sociales.

El jurista Alejandro Vanegas, por ejemplo, justificó los $ 6.000 hallados en la cuenta de Correa. “Se trata -dijo-, de un préstamo que realizó el Ex Presidente de la República al fondo solidario que tenían en la Presidencia, y que canceló a entera satisfacción, abonando 500 dólares mensuales!!!...”.

La audiencia de vinculación estaba prevista para las 16:00 del jueves, pero se reinstaló dos horas más tarde y a las 20:00 la sustentación de la jueza continuaba. Allí se analizó el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, de ordenar la prisión preventiva en contra de 5 de los 22 vinculados al caso, entre ellos, los dos exmandatarios de la Revolución Ciudadana.

La jueza pidió que se oficie a la Interpol para la localización y captura de quienes tienen prisión preventiva. Asimismo, dictaminó la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad (lunes y jueves en su lugar de residencia), para los otros 17 vinculados.

En cuanto a la medida de retención de fondos y prohibición de enajenar bienes por $ 7.8 millones, solicitado por la Fiscal Salazar, Camacho consideró que es excesivo y lo fijó en algo más de un millón de dólares para cada uno de los investigados.

El 7 de agosto último la fiscal había calificado al polémico exmandatario como el cabecilla de una organización criminal bien estructurada que recibió millonarias sumas de contratistas del Estado. Entre los elementos presentados por ella está una papeleta de depósito por seis mil dólares a la cuenta personal del expresidente.

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