José Molina Gallegos | El pánico a colaborar con la justicia en el Ecuador
Las personas que actúan como testigos son vistas como traidores o delatores
En el Ecuador, como en muchos otros países de América Latina, la participación ciudadana en el sistema de justicia, especialmente en calidad de testigo, enfrenta serias barreras. A pesar de la importancia que tiene la colaboración ciudadana para el funcionamiento efectivo de la justicia, existe un sinnúmero de factores que generan miedo y reticencia entre los potenciales testigos; pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno?
El incremento de la violencia y el crimen organizado en Ecuador ha creado un ambiente de inseguridad, lo que genera miedo entre la población. La posibilidad de represalias por parte de terceros puede ser un factor decisivo que impide a las personas actuar como testigos.
La carencia de medidas adecuadas de protección para los testigos es otro factor crítico. Si bien nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un sistema de protección a víctimas y testigos, no es menos cierto que quienes estamos en la práctica profesional vemos que no hay un fortalecimiento del mismo, poco personal asignado y deficiencias logísticas (nada de ello imputable a la Fiscalía) que lo hacen insuficiente. Sin duda, este debe ser fortalecido para que se garantice la seguridad de aquellos que se presentan a declarar. Sin ello, el miedo a las represalias se intensifica.
Colaborar con la justicia puede llevar a la estigmatización social. Las personas que actúan como testigos son vistas como traidores o delatores. Esto puede resultar en el aislamiento social, afectando la vida personal y profesional del testigo. La presión social en ciertos entornos puede ser muy fuerte, por ejemplo, en infracciones de violencia intrafamiliar. El temor a repercusiones legales contribuye a su decisión de no involucrarse.
La falta de voluntad de ser testigos en Ecuador es un fenómeno complejo que involucra factores de seguridad, desconfianza, falta de protección, estigmatización social, preocupaciones legales y resistencia cultural. Para abordar este desafío, es fundamental implementar políticas efectivas que protejan a los testigos y fomenten un clima de confianza en el sistema judicial. Solo así se podrá mejorar la colaboración de la ciudadanía y, en consecuencia, la eficiencia del sistema de justicia.