Priorizar el gasto publico

Siendo deseable una visión regional del desarrollo, una serie de variables propias de la idiosincracia ecuatoriana ha impedido que su implantación se dé con la extensión y la significación que hace falta.

Por ello, sin negar los avances logrados en la construcción de vías principales, se extrañan los caminos vecinales, y pese al desarrollo de grandes proyectos comunicacionales, hidroeléctricos o de riego y drenaje, siguen constituyendo una deuda pendiente los de pequeño o mediano tamaño que permiten la optimización del uso de los primeros.

Es evidente que la matriz predominante en el diseño de la infraestructura construida se orientó en la década que está por concluir, hacia las obra de tamaño descomunal, faraónicas en múltiples casos e igualmente, desperdiciadas por subutilización en muchos de ellos.

Algunos aeropuertos resultan paradigmáticos de lo señalado. Su ejecución, al parecer, no fue el producto ni de la voluntad de satisfacer una necesidad planteada por la población ni tampoco el resultado de una adecuada planificación del desarrollo que, estableciendo prioridades diese lugar a su adecuada ejecución. Mucho se construyó de apuro y con sobreprecios y por eso, cuando empezaron a flaquear los recursos, numerosas obras se quedaron a medio construir.

Otros trabajos en que es posible evidenciar lo anotado son las obras destinas a impedir que los inviernos fuertes, tal cual el actualmente en curso, den lugar a dañinas inundaciones.

Así, pese a la promesa reiterada, siguen sufriéndolas muchas ciudades del país. Especialmente en el litoral ecuatoriano, incluso zonas tradicionalmente secas, ahora están bajo el agua.

Por el estilo, sin caminos vecinales, cortadas las carreteras de primer orden, muchos pueblos aislados se ven impedidos de sacar a los mercados su producción agrícola, con las consiguientes grandes pérdidas económicas y el no menor agravante de las epidemias y plagas correlativas al período en que empiezan a bajar las aguas.

Valdrá que en vísperas de un nuevo gobierno se entregue una honesta auditoría de la utilidad de todo lo construido, de modo de intentar establecer un indicador de costo-beneficio que permita utilizar de mejor manera los actualmente escasos recursos y darle visos de racionalidad a las ofertas del futuro, un tanto desbocadas a la fecha.