La Universidad vio mermadas sus atribuciones y autonomía en el anterior gobierno, que buscaba controlar todas las instituciones públicas y privadas. La voz libre y rebelde de estas entidades le podía ser incómoda. La Constitución del 2008 decapitó el concepto de cátedra universitaria o politécnica, redujo al docente a ser un servidor público, sujeto a un horario de trabajo, a marcar horas de entrada y salida, llenar formularios y realizar labores rutinarias mutilando sus posibilidades de aportar libremente en la formación de profesionales, efectuar sin condicionamiento investigación científica tecnológica o formular propuestas sobre los complejos problemas socioeconómicos. En síntesis, se evitaba que sea crítica del ‘establishment’.

Conozco bien por haber sido autor del proyecto de ley, en mi condición de presidente del entonces autónomo Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, del logro histórico de dotar de autonomía financiera a universidades y politécnicas con la creación en 1996 del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, que se nutre con un porcentaje de la recaudación tributaria, el cual lógicamente se incrementa en forma anual. Con ese fondo la educación superior se convirtió en la que más recursos recibía del Estado en América Latina, 1,5 % del PIB. El anterior gobierno en su propaganda lo exhibía como ejemplo.

Desde aquella época la ley garantiza las rentas y asignaciones presupuestarias a universidades y politécnicas, públicas o particulares cofinanciadas. Sigo sosteniendo que una buena educación es una inversión y no un gasto. El incremento burocrático de los organismos centrales de educación superior, la creación de suprauniversidades: Yachay, Artes, Educación, Regional Amazónica, IAEN, han restado recursos a las demás universidades o politécnicas, regresando a la vieja costumbre de reducir su capacidad de gestión, a paralizar actividades para reclamar recursos. Solucionado el reciente reclamo, les corresponde racionalizar sus gastos y sugerir con criterios académicos medidas para superar la aguda crisis fiscal que sufre el país.