El Consejo de la Judicatura ha ofrecido resolver los pedidos de reconsideración de los jueces —sobre las calificaciones de la evaluación impulsada por ese organismo— hasta el próximo lunes 18 de noviembre de 2019. La Judicatura amplió tres días la posibilidad de pedir reconsideraciones.

Siete jueces y cinco conjueces superaron los 80 puntos y aseguraron su permanencia en la Corte Nacional de Justicia antes de los pedidos de reconsideración. El Comité de Apoyo a la evaluación de jueces presentó un informe en el que se señalaron recomendaciones y se observaron las dificultades que afrontaron en llevar adelante la tarea.

Falta de documentos y de tiempo fueron parte de los señalamientos, según señaló Víctor Granda. Se habló además de la falta de información patrimonial de al menos dos jueces que no superaron la evaluación.

Una de las señaladas habría sido María Rosa Merchán, presidenta subrogante de la Corte. El nombre de la jueza apareció en el reportaje de un canal de televisión. Ella reaccionó con un comunicado en el que rechazó lo que considera “tendenciosa y mutilada información proporcionada por el Consejo de la Judicatura, en su tarea de desprestigiar a los administradores de justicia, atribuyéndose competencias que no le corresponde, para justificar la desinstitucionalización de los órganos jurisdiccionales”.

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De Merchán se habría señalado un supuesto incremento de su patrimonio en el 358 %, triplicado en dos años. Al respecto, la jueza indicó que su patrimonio se incrementa desde la fecha de posesión en el cargo en enero de 2012 en tres ocasiones. Explica que la primera fue por la adquisición de un inmueble para su vivienda en Quito con préstamo hipotecario del BIESS, mediante escritura pública inscrita el 14 de marzo de 2014 por 195.000 dólares.

Dice que eso consta en su declaración jurada de bienes de 2016, inmueble que por modificación del avalúo municipal, en la declaración de bienes de 2018, consta con 338.973.20 dólares. Destaca que lo segundo es por la incorporación de derechos y acciones en un inmueble urbano en el centro de Cuenca, donado por sus padres con reserva del derecho de usufructo a su favor, en noviembre del 2015 y finalmente por la incorporación de los derechos y acciones que como hija le corresponden en la sucesión de Roberto Merchán, fallecido en septiembre 17 de 2016, constantes de la declaración patrimonial de 2018 y que hizo conocer a la Judicatura.

Indica además que la Contraloría General del Estado no encontró ninguna irregularidad en su examen al periodo enero de 2013-septiembre 30 de 2018.

La jueza sumó un pronunciamiento de la Fiscalía que, el 25 de marzo de 2019, las 17:00, concluyó que de las diligencias practicadas en la indagación previa abierta en su contra por supuestos movimientos financieros ilícitos, “no se ha podido establecer un resultado positivo de participación en el hecho investigado y descrito en el parte policial que sirvió de base para la investigación (...)”.