El dictamen de la Corte Constitucional (CC) en contra de dos de las ocho preguntas que el Ejecutivo planteó para que sean calificadas, como requisito previo a una consulta popular, cambió, en parte, lo planificado y abrió un escenario un tanto adverso.

La pregunta relativa a otorgar a los militares la capacidad de apoyo a la Policía para combatir al crimen organizado y la interrogante que propone la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades tienen que tramitarse a través de una reforma parcial de la Constitución, determinó la CC por considerar que se estaba modificando la estructura fundamental del Estado.

Esa reforma debe pasar por la Asamblea Nacional, un espacio poco favorable para el gobierno de Guillermo Lasso cuando ha tratado de colegislar políticas públicas. Uno de los episodios recordados es el trámite del denominado proyecto de Ley de Inversiones.

Las alternativas son casi escasas para evadir esa ruta. El constitucionalista Vinicio Salazar menciona, por ejemplo, que el Ejecutivo puede hacer uso de los estados de excepción para contener el avance delictivo, aunque se trata de una figura legal que tiene sus limitaciones, como la duración de hasta 90 días. 

“No se puede volver a emitir un decreto de estado de excepción por el mismo objeto, a no ser que sea por un estado de emergencia sanitaria que no es el caso, pero no podría ser por el mismo objeto y por la misma jurisdicción”, precisa Salazar, quien considera que el Gobierno debe implementar un plan de seguridad integral, más allá de resquicios legales, que son nulos, en cambio, para sortear la negativa constitucional para la segunda pregunta.

El constitucionalista Marcelo Dávila explica que la iniciativa de reforma parcial de la carta magna la tramita la Asamblea en dos debates. Si se aprueba, se convoca al pueblo a un referéndum.

“La Corte Constitucional remite el dictamen al Ejecutivo, el mismo que debe enviarlo al Legislativo, para que en el primer debate si se viabiliza o no esta reforma constitucional”, detalla el experto.

Pese a que la norma es clara en tiempos y responsabilidades, Dávila avizora un panorama poco alentador en el seno del órgano legislativo.

Con él concuerda en parte Ximena Peña, asambleísta entre el 2013 y 2021, quien cree que el tratamiento de la propuesta de enmienda sobre las Fuerzas Armadas podría tener un mejor futuro que el del Consejo de Participación.

“El esfuerzo contra el crimen organizado tiene mejores posibilidades de un debate serio, porque habría un peso político importante si es que la ciudadanía percibe que la Asamblea Nacional no está dando una respuesta en el tema de seguridad. La Asamblea va a tener una presión”, analiza la exlegisladora. 

Ella cree que el debate sobre la segunda interrogante será friccionado y hará visibles los intereses de determinados sectores partidistas, por la influencia de esa posible enmienda en los planes políticos ya trazados.