Pregunta sobre eliminar al CPCCS tiene proyecto de fallo
El pleno de la Corte Constitucional debe aprobar la propuesta. Los proponentes esperan que ocurra el martes. Se necesitan 130.000 firmas para una consulta.
Avanza en silencio, pero con paso firme. La Corte Constitucional (CC) conocerá, en los próximos días, el proyecto de dictamen sobre la constitucionalidad de la pregunta para la convocatoria a una eventual consulta popular con la que se busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La pregunta, que fue la primera que llegó a la CC en este sentido, fue presentada por el movimiento político Ahora, el 21 de junio pasado. Luego del sorteo, el juez constitucional Luis Ávila avocó conocimiento de la causa el 2 de julio.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hay un plazo de 20 días para que el organismo emita un pronunciamiento, una vez que se ha iniciado el proceso de control previo.
“¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional, incluyendo en el artículo 120, numeral 11, de la Constitución, la atribución a este órgano legislativo conforme el anexo 1?”, plantea la pregunta.
Michael Aulestia, que es uno de los proponentes, le dijo ayer a EXPRESO que la expectativa que tienen es que el pleno de la Corte Constitucional aborde el proyecto de dictamen el martes próximo, para cumplir con los plazos que determina la ley.
“No sabemos en qué sentido va el dictamen. Lo que sí conozco es que la figura que se aplicaría en nuestra solicitud es la de reforma a la Constitución. Habíamos pedido a la Corte que resuelva si se trataba de una enmienda o una reforma”, señaló el presidente de Ahora.
Si el dictamen es favorable, será comunicado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la entrega de los formularios de recolección de las firmas. Serían necesarias algo más de 130.000 firmas, que corresponden al 1 % del padrón electoral nacional de los últimas comicios.
Para conseguir las adhesiones se establece un plazo de 180 días. El CNE tendría 15 días para verificar las firmas y los requisitos. Y una vez que estos se cumplan, 75 días más para hacer la convocatoria y llevar adelante la consulta popular.
Pero esta no es la única propuesta de consulta popular pidiendo la eliminación del CPCCS que se espera en la Corte. A finales de este mes el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado por el exconsejero de Participación Pablo Dávila, enviará otra pregunta para que se califique su constitucionalidad.
Dávila adelantó a EXPRESO que la pregunta gira en torno a la supresión del Consejo y que sus atribuciones regresen a otros organismo, como la designación de autoridades a la Asamblea Nacional.
El Legislativo también tiene una propuesta para la Corte Constitucional sobre el futuro del CPCCS. Los asambleístas debaten una enmienda que no habla de la eliminación del organismo, sino de la limitación de algunas de sus funciones, como la elección de autoridades de control.
El presidente de este organismo, César Litardo, anunció ayer que la consulta sobre la constitucionalidad de esta propuesta será enviada a los jueces de la CC entre el lunes y martes de la próxima semana.
Medidas Cautelares
El Consejo retrocede y no forma comisión
Dieron marcha atrás, pero con pataleo incluido. El Consejo de Participación Ciudadana decidió ayer “retirar la moción” de conformar una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional.
Esto, acatando las decisiones de dos jueces que aceptaron las medidas cautelares planteadas por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y el asambleísta Fabricio Villamar para que se impida dicha creación.
La consejera de mayoría Victoria Desintonio manifestó que acatan la decisión judicial pese a que los integrantes de dicha comisión, aprobada el 10 de julio, no habían sido ni siquiera notificados y por lo tanto no han ejecutado ninguna acción de revisión a lo actuado por el transitorio.
El presidente del Consejo, Carlos Tuárez, dijo que los denunciantes no le permiten trabajar en beneficio del país.
