PSC rechaza investigación fiscal por lesa humanidad y defiende a Fuerza Pública
La organización política calificó como un “intento de cambiar la historia” la investigación penal
El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó la acusación de la Fiscalía General del Estado en contra de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta, en el marco del enfrentamiento con el grupo insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC).
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En un comunicado difundido el 7 de noviembre, la organización política calificó como un “intento de cambiar la historia” la investigación penal iniciada más de cuatro décadas después de los hechos. El PSC defendió las actuaciones de los uniformados, señalando que en ese periodo “el Estado tuvo que defender a los ciudadanos víctimas de la violencia sistemática” atribuida a dicha organización.
El pronunciamiento también destacó el papel del expresidente León Febres Cordero, a quien atribuyó el liderazgo de las acciones que llevaron, según el texto, a “la extinción del grupo terrorista”.
El partido consideró que procesar a los exmiembros de la Fuerza Pública “es darle la espalda a quienes defendieron al Estado” y advirtió que estas acciones judiciales “pretenden negar la existencia de la violencia que vivió Ecuador” durante esa época.
#AHORA | #CasoVacaYOtros: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Leonardo Alarcón Argudo, se instala el tercer día de audiencia de juicio contra 6 militares procesados por presuntos crímenes de lesa humanidad. #FiscalíaEc continúa practicando sus pruebas. pic.twitter.com/MopyImH5M3
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 7, 2025
Finalmente, la dirigencia socialcristiana reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, resaltando que continúan “defendiendo la tranquilidad, la seguridad y el bienestar del país”.
Militares retirados enfrentan cargos por lesa humanidad
El miércoles 5 de noviembre inició el juicio contra seis personas, cinco de ellas militares en servicio pasivo que ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos hace cuatro décadas contra integrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), activo en el país durante la década de 1980.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en noviembre de 1985, cuando Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín —miembros de AVC— fueron detenidos sin orden judicial en la provincia de Esmeraldas por personal militar. Posteriormente, fueron trasladados al Batallón Escuela de Ingenieros “Montúfar” y luego al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, Quito, donde permanecieron bajo custodia militar.
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