¿Puede Ecuador evitar pagar a Chevron? Esto es lo que estudia la Procuraduría

El reciente laudo del tribunal arbitral de La Haya reactivó el debate sobre el caso Chevron y sus implicaciones para el país. El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, aseguró que la institución “no descarta ninguna vía” para disminuir o incluso revertir la obligación. “Estamos analizando todas las opciones procesales disponibles”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Larrea recordó que el proceso llegó a su tercera fase, enfocada en cuantificar los daños, luego de que Ecuador fuera declarado responsable en 2018. En ese fallo se concluyó que el Estado incurrió en “denegación de justicia” por sentencias judiciales fraudulentas en el juicio de Lago Agrio. “Esas decisiones judiciales fueron fraudulentas”, enfatizó el procurador.

¿Es posible anular o reducir el pago?

Larrea indicó que existen dos mecanismos procesales aún disponibles. El primero es una solicitud de correcciones por errores o vacíos del laudo, cuyo plazo vence la próxima semana. El segundo es una acción de anulación ante tribunales de Países Bajos, que puede interponerse dentro de los próximos tres meses. “No digo que es fácil, pero hay que intentarlo”, señaló.

El funcionario recordó que Ecuador ya logró anulaciones parciales en casos previos, como en la disputa con OXY, donde se redujo el monto de $ 1.700 millones a cerca de $ 1.000 millones. Aun así, advirtió que se trata de procesos “técnico-jurídicos complejos”.

¿Cómo llegó Ecuador a esta condena internacional?

El procurador explicó que la controversia se originó en 2009 y que el arbitraje fue dividido en varias etapas por su complejidad. “Son 16 años en este tema”, dijo. Aseguró que el tribunal identificó irregularidades en 2011 y 2012, cuando se emitieron sentencias que luego fueron consideradas espurias y con indicios de soborno y escritura externa.

Aunque la Procuraduría defendió que el Estado debía pagar lo menos posible, no podía impedir la condena ya determinada. Según Larrea, la defensa técnica permitió que la pretensión inicial, que superaba los $3.300 millones entre capital e intereses, se redujera a $220 millones. “El 93% de ahorro es significativo”, apuntó.

Lo que Ecuador aún debe pagar

El laudo fijó una indemnización de $180,4 millones por capital y $ 40,4 millones por intereses previos. El proceso avanza ahora hacia una cuarta fase, donde se definirán las costas del arbitraje. Estas podrían ascender a unos $20 millones adicionales. “No puedo asegurar una cifra exacta, pero será por todos los años del proceso”, dijo Larrea.

El procurador aclaró que estas costas aún no están determinadas y que la nueva etapa podría tomar uno o dos años más. Mientras tanto, el Gobierno deberá definir si cancela la obligación de inmediato o plantea un calendario de pago. “El cliente, que es el Estado, decide”, explicó.

La responsabilidad interna y la posibilidad de repetición

El procurador insistió en que la condena internacional se debe a fallos judiciales fraudulentos emitidos hace más de una década. “La sentencia fue escrita por alguien distinto al juez”, dijo. Reiteró que esta conducta fue confirmada por tribunales de Países Bajos y por un dictamen del fiscal general de ese país.

Sin embargo, la posibilidad de recuperar los $ 220 millones mediante acciones de repetición aún está distante. “La repetición solo se activa cuando el Estado paga y cuando termina de pagar”, señaló. La Procuraduría impulsa desde hace meses un proyecto de ley para reformar este mecanismo, al considerar que la normativa vigente es imprecisa.

¿Qué pasa con los afectados de Lago Agrio?

El procurador recordó que el juicio original fue un litigio entre actores privados, por lo que el Estado no pudo intervenir. Aclaró que el tribunal arbitral definió como fraudulenta la sentencia de Lago Agrio, pero eso no impide que los habitantes afectados busquen nuevas vías legales. “Eso está abierto todavía”, dijo.

También advirtió que cualquier análisis sobre embargos o medidas relacionadas con ese fallo debe hacerse con extrema prudencia. “Hay decisiones internacionales que dicen que esa sentencia es fraudulenta”, insistió, en referencia a la jerarquía de la normativa internacional sobre la nacional.

Un mensaje final del Procurador

Larrea cerró la entrevista con tres mensajes dirigidos al sector público, a los inversionistas y a la ciudadanía. Pidió responsabilidad a los funcionarios, defensa firme ante reclamos injustos y confianza en las instituciones. “En tres años hemos evitado $4.500 millones en arbitrajes”, dijo. Añadió que la Procuraduría “tiene que estar barriendo lo que hacen otros políticos”.

Mientras tanto, el Gobierno deberá decidir en las próximas semanas si paga, negocia o pelea una vez más en tribunales internacionales para reducir el impacto económico del caso Chevron.

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