Una forma de populismo penal. Así califica el constitucionalista Paúl Córdova al planteamiento de la pregunta 4 de la consulta popular del presidente Daniel Noboa, que obtuvo el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC). La pregunta buscará la aceptación del electorado para incrementar las penas en 10 delitos, a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Ejecutivo fundamentó a la Corte que la finalidad es que esos tipos penales se reformen según la situación actual del país, por el aumento en los niveles de criminalidad y reincidencia. Refirió que la tasa de homicidios en Ecuador en el 2023 es de 39 casos por cada 100 mil habitantes, que Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica y el mundo, con un aumento del 528,10 % en el número de homicidios intencionales. Esto en comparación con el primer semestre del 2019. Esas estadísticas pondría a Ecuador entre los tres países más violentos de América, justificó el Gobierno actual.

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Sin embargo, “los efectos de la delincuencia organizada transnacional necesitan respuestas múltiples y deben ser tratados como fenómenos globales. Si solamente atacamos el tema punitivo, sin abordar otro tipo de respuestas globales, estamos cayendo en un fenómeno de populismo penal”, expresa Córdova.

Explica que el endurecimiento de las penas no es la única respuesta posible porque los grupos delincuenciales tienen capacidades que se fortalecen constantemente, si se juzga a un grupo, sus integrantes se rearticularán, lo que se requiere son políticas públicas.

La aplicación de un aumento de penas no sería factible porque solo se atacaría a una parte del problema, que es el cometimiento del delito, según el constitucionalista. Además, observa que existiría un beneficio parcial para la ciudadanía y para el Estado porque tras una reforma los delincuentes tendrían penas más severas, pero el resto de la población delictiva seguirá propagándose ya que no se ataca todas las causas del problema.

Fausto Vásquez, experto en derecho penal, argumenta que las penas son necesarias porque su finalidad son la rehabilitación de la persona y la reinserción social. Pero plantea trabajar con informes de una política criminal, esta analiza al delincuente, el delito y la pena para comprender por qué personas de estrato social bajo están en las cárceles y determinar la proporcionalidad de la pena.

El efecto disuasivo de la pena, de acuerdo al Gobierno, busca que la imposición de sanciones legales (como penas privativas de libertad o multas) persuadan a un sujeto de cometer delitos, para que sea consciente de las consecuencias negativas de su conducta delictiva. Se basa en que el temor a ser castigado actuaría como un factor para inhibir el comportamiento delictivo. Se piensa equivocadamente que eso va a generar un temor en la sociedad, es un error plantear la pregunta, a decir del penalista. Ejemplifica que incluso en países donde existe la pena de muerte los delitos no han disminuido.

Por otro lado, advierte que de aplicarse, el aumento de penas no beneficiaría porque el mensaje que el Gobierno quiere dar no sería captado por todos los sectores de la sociedad: “Ese mensaje no es más que un disparo al aire”.

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