Comisión cívica acude a la justicia por expedientes del concurso para Fiscal General
La Comisión Cívica de Seguimiento denuncia que el CPCCS no ha hecho públicos los expedientes de los postulantes a fiscal
La Comisión Cívica de Seguimiento ha lanzado una ofensiva judicial mediante una acción constitucional para obligar al CPCCS a transparentar los expedientes de los 75 postulantes, denunciando una grave falta de publicidad en el proceso de selección más crítico del país.
¿Por qué el CPCCS niega información sobre los candidatos a Fiscal General?
La Comisión Cívica de Seguimiento del concurso para Fiscal General anunció la presentación de una acción constitucional de acceso a la información pública en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida responde a una supuesta falta de transparencia y publicidad de los expedientes de los 75 postulantes que buscan liderar la Fiscalía General del Estado.
El recurso judicial fue impulsado por Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y dirigido contra Andrés Fantoni, titular del CPCCS, en la ciudad de Quito.
Los argumentos de la demanda contra el CPCCS
Según el documento presentado, el 4 de marzo de 2026 se solicitó formalmente la copia íntegra de los expedientes. No obstante, el 18 de marzo, el Consejo calificó el pedido como "improcedente", argumentando que la fase correspondiente del concurso no ha concluido.
La Comisión sostiene que esta negativa vulnera tres derechos fundamentales:
- Acceso libre a la información generada en entidades públicas.
- Seguridad jurídica del proceso de selección.
- Derecho de petición de los ciudadanos vinculados a la veeduría.
Reparaciones exigidas por la Comisión Cívica
La demanda no solo busca la entrega de los documentos, sino establecer precedentes de no repetición. Entre las peticiones principales constan:
- Aceptar la acción constitucional por vulneración de derechos.
- Disponer que el CPCCS remita copias certificadas de los 75 expedientes.
- Publicar toda la información en el sitio web institucional, conforme a la Ley de Transparencia.
Actualmente, el concurso se encuentra en la etapa de verificación de requisitos e inhabilidades. Sin embargo, la veeduría ciudadana ha denunciado irregularidades en la revisión documental y limitaciones en el espacio físico asignado para el control social.
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