Asamblea Nacional aprueba texto final de la ley de reordenamiento territorial
La normativa fija sanciones, crea catastro nacional y da un año a municipios para actualizar ordenanzas
El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 80 votos el texto final de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El documento fue sugerido por la Comisión de Gobiernos Autónomos. La legisladora Lucía Pozo presentó el informe. La propuesta busca modernizar la planificación territorial y fortalecer el desarrollo local.
El proyecto redefine el derecho a edificar en el país. Este concepto se entiende como la facultad de utilizar y construir en un suelo determinado. Todo deberá regirse por normas urbanísticas y la edificabilidad asignada por los gobiernos municipales o metropolitanos. Con ello se intenta ordenar el crecimiento urbano.
Pozo explicó los cambios y respondió a críticas surgidas durante el debate legislativo. “Se ha intentado posicionar la idea de que esta normativa incluye la destitución de alcaldes por parte de la Superintendencia, lo cual es falso”, aseguró. La asambleísta defendió la socialización del proyecto. Señaló que se convocó a autoridades y organizaciones del territorio.
Ajustes en sanciones y control territorial
La reforma incorpora informes del ente rector de planificación nacional cuando se detecten infracciones. También modifica los montos de las sanciones para reforzar su efecto disuasivo. Se establece un plazo de un año para que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen ordenanzas. La medida busca alinear la normativa local con la reforma.
Durante el proceso participaron el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Estas entidades aportaron observaciones técnicas y territoriales. El objetivo fue fortalecer el consenso político. La Asamblea destacó el diálogo previo a la votación.
La normativa refuerza la obligatoriedad de los planes parciales. También regula la responsabilidad ulterior en consultorías y procesos constructivos. Se crean sistemas integrados de información territorial. Además, se amplían atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo.
Catastro nacional y asistencia técnica a gobiernos locales
El texto introduce disposiciones transitorias para estructurar el Sistema Nacional de Catastro. La meta es unificar la información territorial del país. También se plantean mecanismos excepcionales de asistencia técnica para gobiernos con menores capacidades. Esto busca reducir brechas en la gestión territorial.
La reforma reestructura el régimen sancionatorio para hacerlo más operativo. Según la Asamblea, se pretende mejorar la supervisión del uso del suelo. Las medidas apuntan a fortalecer la planificación urbana y rural. El enfoque combina control y modernización institucional.
El proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción. Este paso marca la etapa final del proceso legislativo. La decisión del Ejecutivo definirá su entrada en vigencia. El futuro del ordenamiento territorial queda en manos del Gobierno.
