ADN logra aprobación de noveno proyecto urgente: claves de ley de vivienda social
Propuesta definitiva se amplío a otro segmento para acceder a vivienda de interés social con un subsidio parcial
El oficialismo logró los votos necesarios para aprobar la novena ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La normativa plantea beneficios tributarios para los contribuyentes que entreguen viviendas de interés social al Estado.
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La decisión se adoptó con 83 votos, provenientes principalmente de la mayoría articulada por ADN. Fueron determinantes los votos de legisladores independientes. En contraste, el correísmo votó en contra de la iniciativa.
El debate de la ley urgente se retomó casi una semana después de que el oficialismo planteó que el informe para segundo debate regresara a la Comisión de Desarrollo Económico, con el objetivo de incorporar cambios. En ese momento, el correísmo argumentó que se trataba de un nuevo beneficio para las constructoras.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, explicó las modificaciones al informe que fue tratado inicialmente la semana pasada. El principal cambio, señaló, es la ampliación del número de beneficiarios.
La ley aprobada ya no incluye únicamente a las familias que requieren el subsidio completo para acceder a una vivienda. También incorpora a un segundo segmento, conformado por familias con capacidad para financiar una parte del inmueble. En este caso, el subsidio podría cubrir la entrada para la adquisición de la vivienda.
Desde el correísmo, el asambleísta César Palacios comparó la ley de vivienda social con la de Solidaridad Nacional, al considerar que ambas contemplan beneficios tributarios.
“El tema del déficit habitacional es delicado. No hay una donación. Es una forma de pago”, señaló Palacios. Esto se debe a que, del 100% del Impuesto a la Renta, el 70% se pagaría en efectivo y el 30% con las viviendas.
¿Qué contiene la ley?
La normativa establece una diferenciación entre dos segmentos de beneficiarios y los incentivos a los que podrán acceder por la entrega de viviendas de interés social. El primero, de acuerdo con el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, tendrá derecho a una rebaja equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30 % del impuesto a la renta causado en el respectivo ejercicio fiscal, sin derecho a devolución.
También se establece que accederán a este beneficio los contribuyentes que donen el valor correspondiente al subsidio parcial del Estado para el financiamiento de viviendas de interés social del segundo segmento. Este grupo, como explicó Centeno, está conformado por familias que no requieren un subsidio total, sino parcial.
Asimismo, se dispone la obligatoriedad de firmar un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y el beneficiario. Además, el plazo para la entrega de las escrituras será de un máximo de 90 días.
Una vez aprobada en la Asamblea, la ley será remitida al Ejecutivo para su veto. Si el presidente Daniel Noboa no la objeta de forma parcial, total o por inconstitucionalidad, podrá enviarse al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
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