Alcalde de Quito alerta sobre reforma de LOOTUGS y sanciones millonarias a los GAD
La polémica reforma a la LOOTUGS genera rechazo: denuncian riesgos para la planificación urbana y el derecho a la ciudad.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó duramente la propuesta de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), calificándola como una normativa “contra los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), principalmente contra los municipios y en beneficio de unos pocos”.
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A través de su cuenta en X, el burgomaestre advirtió que, de aprobarse en la Asamblea Nacional del Ecuador, esta reforma convertiría al actual periodo legislativo en “el más lesivo contra los gobiernos locales”.
Críticas a la Asamblea y al proceso legislativo
Muñoz señaló que la Asamblea ha dado la espalda a los territorios y no ha incluido la participación de los municipios en el debate de una ley clave para la planificación urbana. “Solo a esta Asamblea se le ocurre hacer reformas a la ley de uso y gestión del suelo sin la opinión de las alcaldías”, afirmó.
Además, sostuvo que los cambios propuestos no representan una mejora técnica, sino que podrían facilitar proyectos inmobiliarios específicos y beneficiar intereses particulares por encima del derecho a la ciudad.
Puntos más cuestionados de la reforma
El alcalde detalló varios aspectos que considera perjudiciales:
Indemnizaciones a privados: La reforma abriría la posibilidad de que los GAD deban indemnizar a particulares por supuestos “derechos perpetuos” cuando actualicen sus planes territoriales.
Cambio de uso de suelo sin planificación: Se permitiría transformar suelo rural en urbano por “fuerza mayor” o decisión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Facultades ampliadas a la Superintendencia: Muñoz calificó como “inconstitucional” que esta entidad pueda emitir licencias y definir el uso del suelo, cuando su rol debería ser únicamente técnico y de control.
Sanciones económicas a municipios: Se contemplan multas de hasta el 3% del presupuesto anual de los GAD. En el caso de Quito, esto podría superar los 11 millones de dólares.
El alcalde también alertó sobre posibles propuestas más drásticas, como la remoción de autoridades locales por parte de la Superintendencia.
Debate legislativo en curso
El pronunciamiento ocurre tras avances en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que el pasado 28 de marzo aprobó seis modificaciones al informe final para segundo debate.
Entre los cambios destacados presentados por la presidenta de la comisión, Lucía Pozo, se incluyen:
- Reconocimiento del derecho a edificar cuando exista aprobación de concejos municipales.
- Procedimientos para que la Superintendencia actúe ante posibles infracciones en un plazo de 30 días.
- Nuevas infracciones por planes territoriales que no se alineen con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Ajustes en el porcentaje de multas por infracciones leves.
- Ampliación del plazo a un año para que los GAD actualicen normativas sobre uso de suelo y construcción.
Advertencia sobre la descentralización
Muñoz aseguró que la reforma representa un retroceso histórico en materia de descentralización y autonomía territorial en Ecuador.
“Desde el retorno a la democracia todos los gobiernos han buscado ampliar la descentralización, pero este proyecto político representa un retroceso”, indicó.
Finalmente, hizo un llamado a los legisladores a reconsiderar su voto: “Ojalá haya fuerzas políticas y asambleístas sensatos que se den cuenta de lo que podrían votar”.
