Elecciones en Ecuador: el miedo se instaló como un candidato más en la papeleta y ganó

En febrero de 2022, dos cadáveres aparecieron colgados de una cuerda en el puente peatonal de Durán. En los cuatro meses anteriores, ese corredor entre Guayaquil y su ciudad satélite había registrado cinco decapitaciones. Ese episodio era el anuncio de que en cuatro años Ecuador se convertiría en uno de los países más violentos de América Latina y experimentaría, en paralelo, una mutación política igual de profunda: el desplazamiento del eje izquierda-derecha por uno nuevo, más primitivo y estructurado en torno al miedo.

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La ciencia política comparada tiene un nombre para lo que vive Ecuador y distintos países de América Latina: democracias securitistas. Son regímenes en el que las elecciones se celebran, pero el miedo contrae el debate público hasta reducirlo a una sola dimensión: la seguridad como condición de todo lo demás.

En 2021, Ecuador registró 2.440 muertes violentas, con una tasa de 13,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía Nacional. Cuatro años después, esa cifra llegó a 9.216 según el Ministerio del Interior, con una tasa de 50,01 de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), convirtiendo al 2025 en el año más violento de su historia. 

La tasa se multiplicó por 3,6 en menos de un lustro. El dato más íntimo de esa catástrofe lo entrega una encuesta de Click Report de enero de este año: el 51,88% de los hogares ecuatorianos tuvo una víctima de delincuencia en los últimos doce meses.

En el momento en que la violencia alcanza esa densidad y permea la experiencia cotidiana de más de la mitad de los hogares, las categorías programáticas que históricamente estructuraban la competencia electoral pierden poder predictivo. En contextos de inseguridad extrema, el votante no abandona sus preferencias sobre economía o redistribución, pero las jerarquiza de otro modo.

Es ahí donde el eje izquierda-derecha se fractura porque deja de ser el organizador principal de la decisión electoral. Un votante histórico de izquierda puede cruzar hacia un candidato de derecha dura si lo percibe como más creíble en seguridad, y viceversa. Es decir, el clivaje ya no es solo ideológico clásico, es securitario.

El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado a las puertas de un coliseo escolar en Quito. Era candidato presidencial. Faltaban once días para las elecciones. El contrato por su vida superó los 200.000 dólares, según un testigo protegido por la Fiscalía. Ese crimen fue el momento en que Ecuador cruzó un umbral sin retorno. No porque el crimen organizado haya tomado el Estado, sino porque demostró que el monopolio de la violencia (fundamento weberiano del Estado moderno) es, en Ecuador, un monopolio en disputa.

Lo que se propuso contra la inseguridad en el 2025

Las propuestas electorales de 2025 son el documento más elocuente de esa reconfiguración. Daniel Noboa apostó por la continuidad del Bloque de Seguridad y el eje con Washington en crimen organizado. Luisa González, desde Revolución Ciudadana, históricamente de izquierda, propuso restablecer el Ministerio de Seguridad, depurar las fuerzas del orden e implementar inteligencia para identificar patrones delictivos. La diferencia es de énfasis institucional, no de dirección.

El securitismo no eligió bando, los obligó a ambos a elegirlo a él. Entre los candidatos menores, el termómetro subió más: cadena perpetua, pena de muerte, muro fronterizo con Colombia. Propuestas jurídicamente inviables cuyo atractivo no reside en su factibilidad sino en su valor expresivo frente al colapso institucional.

Hay una paradoja en el centro de este proceso: el crimen organizado, al expandir su violencia, produjo efectos políticos que ningún actor conservador habría logrado solo. Desplazó el debate hacia el terreno donde el discurso del orden tiene ventaja comparativa y podría haber debilitado las posiciones que defendían garantías procesales.

El eje izquierda-derecha no ha desaparecido. Persiste en los debates sobre economía y redistribución, y ambos polos tienen tradiciones programáticas distintas frente a la violencia. La izquierda históricamente ha apostado por enfoques estructurales (desigualdad, prevención, reforma institucional); la derecha, por respuestas punitivas (militarización, mano dura, cero tolerancia). Esa distinción existe en los documentos, en la retórica, en la memoria partidaria.

Sin embargo, en un contexto de crisis extrema, la urgencia del miedo produce una convergencia forzada hacia el centro securitario que aplana esas diferencias en la práctica electoral. González y Noboa tenían visiones distintas sobre seguridad, pero ambos competían como garantes del orden, no como representantes de dos modelos distintos de sociedad.

El miedo no es ausencia de ideología, es ideología en su forma más primitiva.