Arranca el juicio contra los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce
Los exalcaldes son señalados por posible peculado en los contratos de agua potable para El Chobo
En la Corte Provincial de Justicia del Guayas arrancó este 8 de diciembre de 2025 el juicio penal en contra de los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, por posible peculado en los contratos de agua potable para El Chobo.
Según informó la Fiscalía, tras varios intentos fallidos, la audiencia de juicio finalmente pudo instalarse la mañana de este 8 de diciembre. Sin embargo, a las 14:00 el juez del caso dispuso un receso. Hasta el cierre de esta nota, la audiencia ya había sido reanudada.
Además de los exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce, otras nueve personas más son señaladas de presunto peculado por irregularidades en los contratos suscrito para proveer de agua a Durán, en la provincia de Guayas.
#AHORA | #Guayas: se instala la audiencia de juicio por presunto #Peculado contra Dalton N., Alexandra A. (exalcaldes de #Durán) y 9 personas más. #FiscalíaEc investiga irregularidades en los contratos de agua potable para #ElChobo, cuyo perjuicio sería de 42 millones de dólares. pic.twitter.com/B3OvOBA3Fd
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 8, 2025
¿Por qué son investigados Dalton Narváez y Alexandra Arce?
Dalton Narváez, Alexandra Arce y nueve personas más fueron llamados a juicio el 11 de septiembre de 2025 por presunto peculado. Según la Fiscalía, el caso involucra un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 40 millones de dólares.
Las investigaciones señalan que durante las administraciones de Arce (2014–2019) y Narváez (2019–2023), se pagaron cerca de USD 39,9 millones por una obra que inicialmente debía costar USD 21,5 millones, y que nunca llegó a ser funcional.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan informes de la Contraloría General del Estado, pericias contables y de construcción, así como documentación sobre la fiscalización del proyecto. Se identificaron irregularidades como estudios desactualizados, calificación de oferentes sin requisitos, y precios inflados hasta en un 200%.
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