La politica se dirime en la calle y las cortes

La política nacional entra en una nueva era: la judicialización y la confrontación callejera. Mientras el CNE deja a un país partido a la mitad a la espera de que las sombras electorales puedan despejarse, la oposición se afianza en las calles tras una semana de presencia creciente e ininterrumpida, el Gobierno anuncia haber rebasado “del límite de tolerancia” y la policía y la Justicia asoman la cabeza en el conflicto. El saldo del suspenso electoral se cuenta en detenidos y heridos.

La escalada lo alcanza todo.

El Gobierno, cuya primera declaración oficial en la voz del ministro de Seguridad, César Navas, ha asegurado que “el límite de la tolerancia llegó” y anunció el jueves “firmeza” ante los manifestantes. Los reportes de la misma noche del anuncio cuentan ya tres detenidos por “ataque y resistencia”, según la Policía Nacional.

El cuerpo uniformado no ha respondido aún, sin embargo, por lo que califica como “hecho aislado”: los toletazos de policías que quebraron ventanas de uno de los vehículos que circulaba por la manifestación. La información es prometida a la prensa para un día sin fecha.

El presidente Rafael Correa, en sintonía con sus subordinados, ha degradado la pugna en las urnas (“allí les he ganado siempre”, dijo ayer en su tercera entrevista de la semana) a una pugna callejera: “Y los vamos a derrotar en la calle”.

La contestación no se ha hecho esperar y adelanta una confrontación irrefrenable: “Llevamos días acá y no nos vamos a ir”, adelantó Andrés Páez, el número dos de CREO, quien lidera las manifestaciones ciudadanas en la capital. “Te esperamos”, añadió el político con un largo historial de encuentros con el presidente saliente, que incluyen una invitación a los puños.

Las protestas, en su sexta jornada ininterrumpida no da síntomas de desmayo. Ahora se aupan en la presión política con la que CREO apunta al Consejo Nacional Electoral: “La paz social está en sus manos. Permitan el recuento. No jueguen por 20 días más con este país”, reprochó César Monge, presidente de CREO, tras exhibir una nueva carga de “pruebas de fraude” con la que han elevado a 4.248 (de poco más de 41 mil) las actas con irregularidades de forma o numéricas.

El CNE no ha respondido todavía sobre el camino que abrirá para enfriar la calle caliente. Se sabe con necesidad de hacerlo. O al menos algunos de sus vocales como Ana Paredes, quien admitió ayer ante la prensa que la génesis del conflicto se nutre de la falta de institucionalidad, a la que apuntaban en ediciones anteriores los catedráticos consultados por este Diario. ¿El problema es que la mitad del país no les cree? “Sí. Ese es el problema”, se sinceró Paredes, quien ha resurgido como crítica de la presidencia del CNE, sin nombrarla, considerando como “poco cauta” la utilización de la palabra “irreversible” con la que la cabeza electoral Juan Pablo Pozo bendijo a la candidatura de Lenín Moreno, y mostrándose abierta a un recuento general de votos: “Si eso devuelve la paz social a este país. Hagámoslo”.

La nueva era de la confrontación política no ha quedado reducida a calles e impugnaciones. Desde ayer, es también judicial.

En consonancia con el libreto adelantado por la portavoz del partido de Gobierno, Doris Soliz, quien prometió acciones judiciales contra Cedatos y medios independientes tras adherirse al pedido de impugnación de CREO, las cortes han ordenado ayer, a pedido de la Fiscalía, el allanamiento de la más antigua casa encuestadora del país. Cedatos, presidida por Polibio Córdova, ha sido calificada por la cúpula de PAIS como “irresponsable” por tener números que difieren de los resultados oficiales en alrededor de ocho puntos. “Es la primera vez en 31 procesos electorales que no coinciden”, ha replicado Córdova. Y agrega: “Yo no tengo nada que esconder, puedo respaldar todos nuestros números”.

El gesto, celebrado por el oficialismo, encontró desesperanza en las organizaciones no controladas por el Gobierno. Ruth Hidalgo, presidenta de la ONG Participación Ciudadana, que declaró un empate técnico en la segunda vuelta, sustentada en su conteo rápido, se limitó a escribir, mientras la noticia de Cedatos se viralizaba: “Sabemos que vienen por nosotros”.

No es una premonición al aire. Días antes, vía Twitter, Correa sentenciaba: “Participación Ciudadana, por su deshonestidad, es también responsable de lo que pueda suceder en las calles. Ojalá la justicia actúe”.

El foco está en las calles. No es para menos: en seis días se han producido 21 protestas en nueve ciudades de seis provincias. No hay tregua.

“No le boté el carro a nadie”

Juan Carlos Gallegos es quien protagonizó la noche del jueves el incidente en el que policías golpean y quiebran el parabrisas y ventana lateral izquierda de su vehículo durante una manifestación en los exteriores del Gobierno Zonal de Guayaquil. Ayer apareció en la oficina de su abogado Hernán Ulloa para explicar los hechos: “Transitábamos por la avenida Orellana y vimos la manifestación pacífica y me detuve para pitar y apoyar... La policía me abordó y cercaron el carro. Golpes por todos lados. La reacción de cualquiera es de defenderse. Me pongo en marcha. No boté el carro a nadie. No salí despavoridamente. Cuando los policías me abren el camino es que comienzo a salir y en ese momento es la agresión”.

Ulloa asegura que este hecho configuró el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, estipulado en el artículo 293 del Código Integral Penal, que sanciona “con pena privativa de libertad que corresponda, según las reglas de lesiones, con el incremento de un tercio de la pena”. Además, las disculpas públicas, la identificación de los agentes agresores y la reparación de los daños.

No hay una versión oficial de la Policía que ha solicitado las filmaciones íntegras “para determinar lo sucedido y su debido contexto”.