Diana Acosta-Feldman | Tomadura de pelo
Es hora de que a las empresas encuestadoras electorales se las regule y, de ser el caso, se las sancione
Una vez más, como en otras elecciones, buena parte de las encuestadoras ecuatorianas hicieron lo suyo y demostraron, sin ningún pudor, lo que siempre han sido: una tomadura de pelo, sin que sean brújulas ciertas para quienes las contratan.
La reciente consulta dejó una vez más al desnudo la incompetencia de empresas que ‘según ellas’ se dedican a medir el pulso electoral sin contar todas las variables de las que goza la presión arterial del electorado ecuatoriano, como por ejemplo, el voto vergonzoso, el voto de última hora en la línea de la mesa electoral, el voto por recomendación del pariente, el voto indeciso que varía significativamente según la región o el sector sea rural o urbano, nivel intelectual, entre tantos más.
Los resultados oficiales no solo difieren de las ‘proyecciones’ de las encuestadoras, sino que las contradicen de manera escandalosa. Frente a los resultados ficticios que vendían, la realidad les pasó por encima como aplanadora.
Como ejemplo, en la pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente, una encuestadora daba como ganador al Sí con un 60,10 %, frente a un No del 28,80 %, mientras que el CNE registró un 61,81 % por el No frente a un 38,19 % por el Sí; es decir, todo lo contrario. ¿Cómo es posible que estas empresas fallen de manera tan estrepitosa?
Las encuestadoras operan en un limbo de absoluta impunidad. Se deberían implementar procesos de revisión para determinar si estas empresas califican para continuar con este tipo de estudios. Esa profesión debe ser regulada como las de otras ciencias, en las que, por actos reñidos con la ley, pueden perder su licencia para operar.
En lo personal, no creo en las encuestas electorales; son una pérdida de tiempo y dinero. Este es un problema que va más allá de la incompetencia técnica, pues estos negocios crean realidades que podrían desencadenar escándalos entre los participantes de una lucha electoral. Estos pensaban que tenían una determinada posición y resultó todo lo contrario.
Es hora de que a las empresas encuestadoras electorales se las regule y, de ser el caso, se las sancione.