Polémica por terna de la Asamblea para la Judicatura: ¿Qué posición tiene el CPCCS?

Una postura cómplice. El cisma provocado por el oficialismo en la Asamblea Nacional, al retirar la terna propuesta por la anterior Legislatura para la renovación del Consejo de la Judicatura, ha llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 5 de junio de 2025, en una acalorada sesión del Pleno de la Asamblea Nacional que inició con el correísmo apelando la presidencia del oficialista Niels Olsen, la bancada de ADN y sus aliados lograron dejar sin efecto la terna enviada por la anterior Legislatura, liderada por la correísta Viviana Veloz.

Aunque diversas voces jurídicas cuestionaron la legalidad de lo resuelto, el 11 de junio de 2025, de forma unánime, el Pleno del CPCCS se limitó a solicitar una nueva terna al Legislativo, bajo el argumento de que la decisión de los asambleístas hizo que la documentación anterior perdiera validez.

Tras estas polémicas decisiones, EXPRESO buscó a las autoridades del CPCCS que participaron de dicha sesión para consultarles si, al pedir una nueva terna, estarían validando una acción de la Asamblea señalada como ilegal. Asimismo, si no temen que esta sombra sobre la terna pueda viciar, incluso políticamente, el proceso de renovación.

El Consejo de Participación se escuda en la independencia de funciones

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, señala que la decisión de delegación, así como la revocatoria de los integrantes de las ternas, es de absoluta responsabilidad y facultad de cada una de las fuentes nominadoras de las vocalías de la Judicatura. En ese sentido, acota que el Pleno solamente realizó un acto administrativo y que, por lo tanto, ni validó ni autorizó lo resuelto por la Asamblea.

Respecto a los posibles vicios en el proceso, Fantoni descarta ese escenario: “Recordemos que el proceso se encuentra en la fase de recepción de ternas (...); una vez que se encuentren las cinco ternas, precluirá esta fase y arrancará la revisión de requisitos (...)”.

La postura de Fantoni es compartida por los consejeros Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto, quienes hacen hincapié en que, bajo el principio de independencia de funciones, no han tenido incidencia alguna en la decisión tomada por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional.

La decisiones de la Asamblea y el CPCCS muestran una alineación política

Sin embargo, analistas consultados por este Diario consideran que tanto la decisión de la Asamblea como la velada aprobación del CPCCS no solo lacera el Estado de Derecho, sino que empieza a dar muestras de un posible alineamiento político de las instituciones del Estado.

“En política nada es casualidad, y evidentemente el Ejecutivo, como los gobiernos presidencialistas, busca tener la justicia a la medida y autoridades de control a la medida”, comenta Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, quien acota que la Asamblea dejó un precedente riesgoso.

En ese sentido, él opina que las últimas actuaciones del Legislativo y el CPCCS muestran que el Estado empieza a operar alejado de la Constitución, en especial cuando “los votos (en la Asamblea) hacen que el país funcione de una manera alineada al Gobierno”.

No obstante, el consejero Gonzalo Albán rebate a Celi indicando que “bajo esa lógica se podría decir que la Asamblea Nacional anterior quería tomarse la justicia. Creo que es algo que responde a los objetivos de una Asamblea conformada recientemente y está en derecho de tomar una decisión”.

Las consecuencias de las decisiones de la Asamblea y el CPCCS

El constitucionalista Gonzalo Muñoz, por su lado, coincide con la postura del CPCCS sobre que ellos no pueden cuestionar la legalidad o no de lo actuado por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero indica que podrían existir consecuencias legales que golpeen el proceso.

“Los que estaban en la terna anterior podrían proponer una acción de protección por vulneración al derecho de la seguridad jurídica”, alerta, pero aclara que si hasta el momento no lo han hecho, hay nulas posibilidades de que esta polémica afecte la renovación del Consejo de la Judicatura.

Celi, por otro lado, prefiere centrarse en cómo se afecta a la ética pública. “El resultado es que la ciudadanía desconfía aún más de este proceso para renovar la Judicatura”, opina, y recuerda que eso tiene un efecto dominó con las decisiones que tomen los nuevos vocales.

Más allá de las visiones jurídicas, los consejeros del CPCCS insisten en que este proceso, así como el resto de concursos de la institución, se realizan con prudencia, independencia y transparencia, para que las autoridades designadas por ellos gocen de la entera confianza de los ecuatorianos.

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