Dos médicos y un proveedor del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se sumaron a la larga lista de investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro de casos de presunta corrupción que saltaron a la luz con la llegada de la COVID-19 al país.

La investigación partió de un informe elaborado por la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal en un examen especial que se realizó a procesos precontractuales, contractuales y de ejecución para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, medicamentos, insumos y equipos médicos en el Teodoro Maldonado y otras casas de salud o relacionados, dentro del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2019. Uno de ellos relacionado a un contrato por cerca de un millón de dólares, suscrito en noviembre de 2018 con un proveedor que habría sido beneficiado con otros contratos, en hospitales del IESS y de Salud Pública, por cerca de 18 millones de dólares.

Tras los indicios, la Fiscalía inició una investigación contra cuatro sospechosos, pero solo tres fueron procesados en un caso que está generando incidentes, por la competencia judicial.

El pasado 5 de abril, el fiscal César Suárez, de la Unidad de Administración Pública y quien investiga el hecho, solicitó a la jueza Ivonne Moreno Silva, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, que se inhiba del caso por cuanto no es competente para sustanciar esa causa.

El fiscal sostuvo su pedido al señalar que los hechos se suscitaron en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la parroquia Ximena del sur de Guayaquil; que, por resolución del Consejo de la Judicatura debe conocerlo un juez de la Unidad Judicial Sur Valdivia.

El representante de la Contraloría se allanó al pedido fiscal, mientras que el defensor de los procesados lo dejó en manos de la jueza.

Finalmente, la juzgadora se declaró competente para conocer la causa, al sostener que “fue legalmente designada para ejercer sus funciones en la ciudad de Guayaquil, en calidad de jueza de Garantías Penales (...) más allá que exista una resolución del pleno, para sectorizar las infracciones, no es menos cierto que la resolución no está por encima de la Constitución,    el Código Orgánico Integral Penal,    ni el COFJ (Código Orgánico de la Función Judicial), por consiguiente me mantendré en la sustanciación de esta causa”; salvo que, añadió, se determine que la infracción fue iniciada en el Teodoro Maldonado Carbo, y consumada en otro lugar distinto,  donde ella no tenga jurisdicción o competencia.

Un argumento que podría generar alguna nulidad en el proceso, según explica el abogado Julio César Cueva. “La competencia se radica, entre otras cosas, ser juez de la materia y en razón del territorio. El territorio se puede dividir en tramos pequeños, no solamente se refiere a la provincia del Guayas, a la ciudad de Guayaquil; también a parroquias, que es más o menos lo que ha hecho esa resolución (de la Judicatura). Esa resolución no viola la Constitución ni la ley, lo que ha hecho es establecer secciones territoriales más pequeñas para dividir de mejor manera el trabajo de los jueces (...)”, explica el jurista. Como ejemplo resalta el caso de delincuencia organizada que se sigue en contra del exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, y otras 15 personas, por convenios de pagos por compra de insumos médicos. Proceso que se lleva en la Unidad de Judicial Sur Valdivia. Este lunes 19 de abril de 2021, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Cueva manifiesta que el fiscal podría pedir la recusación de la jueza, para evitar más adelante alguna nulidad, en razón de territorio.

La decisión judicial se dio en una audiencia de revisión de medidas, dentro de la cual la jueza dispuso el cambio del arresto domicilio de dos de los procesados, por la prohibición de salida del país y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía. Eso, en medio del rechazo del fiscal, quien sostuvo que “no se puede dar medida sustitutiva porque el delito es superior a cinco años y tampoco han variado los hechos”. Postura que fue respaldada por los representantes de la Contraloría y de Seguridad Social.