Es un juego de ping-pong. La pelota representa a los conflictos de límites territoriales y los jugadores son cada una de las instituciones o autoridades en las que recayó la voluntad de solucionarlos, pero con un ‘golpe de raqueta’ los pasaron a otro jugador.

Son 19 tramos que fueron, en principio, solucionados por el expresidente Rafael Correa, pero el panorama cambió cuando llegaron a la Asamblea.

La Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos del Ecuador fue remitida por el exmandatario al Legislativo un día antes de entregar el cargo. Fue derivada a la Comisión de Gobiernos Autónomos, que en su informe para primer debate decidió proponer al Pleno declarar insubsistentes los 19 últimos puntos y regresarlos a los gobiernos locales para que intenten hallar una solución que antes no encontraron.

En la Comisión prefieren no verlo como un retroceso, sino como continuar con el proceso. El asambleísta y miembro de la mesa, Francisco Asán, de la fila socialcristiana, justificó la decisión en los reclamos de inconformidad de algunos gobiernos locales y en algo más. “El Conali (Comité Nacional de Límites Internos) decidió unilateralmente la creación de los límites con coordenadas que no explica su origen y, en algunos casos, omitió o no consideró el proceso previo”.

Asán pone como ejemplo el conflicto entre los cantones Naranjito y Milagro, que está entre los 19 tramos. Según cuenta, en un convenio para la legalización predial en la frontera entre ambos cantones del Guayas, Naranjito no impugnó los planos base del proyecto ante la entonces Comisión Especial de Límites Internos (ahora Conali), por lo que se sobrentiende que estuvo de acuerdo con los límites ahí expuestos y no fue considerado como prueba a favor de Milagro.

Los 19 puntos involucran a 12 provincias y 10 cantones. Una de ellas es la provincia de Bolívar. Su prefecto Vinicio Coloma está de acuerdo con el planteamiento de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es más, ya tomó una postura en caso de que el proyecto sea aprobado tal y como está redactado. “Vamos a pedir la consulta popular”.

El proyecto sugiere un plazo máximo de 24 meses para que las prefecturas y alcaldías solucionen los diferendos bajo dos mecanismos: la negociación directa y el arbitraje. En el caso de no encontrar una solución en ese tiempo, la consulta popular es la salida definitiva.

Guayas, inmersa en cinco de los 19 puntos, no está de acuerdo. Xavier Sandoval, presidente del Comité Provincial de Límites, impugnó la decisión de la mesa legislativa por “arrogarse funciones” al desconocer los decretos firmados por el expresidente. “Solo por el Contencioso Administrativo pudiere plantearse una impugnación”.

Este Diario solicitó al secretario técnico del Conali, Raúl Muñoz, una reacción sobre el proyecto de informe para primer debate y las acusaciones que este recoge en contra del ente al que señala como parte responsable de los conflictos aún sin solucionar. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.