La emergencia sanitaria deja tristeza, fallecidos, enfermos, pérdidas económicas y un perjuicio alto contra el Estado. Las primeras valoraciones hablan de más de 17 millones de dólares en cobros injustificados que fueron cubiertos con dinero de todos los ecuatorianos.

Ese valor seguirá creciendo porque casi a diario se descubren nuevas anomalías en el gasto público.

Los hospitales adscritos al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) figuran entre los que más irregularidades cometieron durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en el país. Ahí se centró, al menos inicialmente, la acción de control.

La Contraloría General del Estado, sin embargo, tiene informes de otras entidades que no están vinculadas directamente con el sistema médico público. Por ejemplo, la Prefectura de Guayas tiene pagos injustificados que se aproximan al medio millón de dólares.

Casos similares se registran en Quito. La Empresa Metropolitana de Agua Potable y su par de Aseo realizaron pagos indebidos por más de siete millones de dólares.

Uno de los rubros más altos está vinculado indirectamente con la emergencia sanitaria y salpicó a exasambleístas afines al Gobierno del presidente Lenín Moreno. Para la construcción del Hospital de Pedernales (que hasta ahora no se cumple) se realizó un anticipo de 8,2 millones de dólares que nunca fue devengado.

Las compras de bolsas para cadáveres, insumos médicos y equipos de protección fueron los procesos predilectos para cometer irregularidades y perjudicar al país.

Hasta la fecha, hay 300 informes de la Contraloría que presentan novedades. De esos, 160 fueron a hospitales, 85 a gobiernos autónomos descentralizados, 30 a instituciones del Ejecutivo, entre otros.

No solo hay pérdidas económicas. Los exámenes especiales realizados a propósito de la emergencia sanitaria y los últimos casos de corrupción determinaron 37 indicios de responsabilidad penal. Es decir, 37 investigaciones que fueron a la Fiscalía General para iniciar acciones legales específicas contra funcionarios o exfuncionarios públicos.

Compras con sobreprecio y direccionadas a un proveedor específico. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) cree que se requieren reformas legales para evitar nuevos actos de corrupción.