No es sencillo retirar una década de lodo corrupto incrustado en todas las instituciones y, especialmente, en el sistema de Justicia. Si la tarea es compleja de por sí, más difícil es convencer a la opinión pública, en un ambiente polarizado, de que el proceso de renovación de las autoridades de control servirá para instaurar un esquema de independencia y no para sustituir unos intereses por otros.

Por eso, es incompatible con la recuperación de la credibilidad que la evaluación de la Corte Nacional de Justicia levante revuelo antes incluso de comenzar. El Consejo de la Judicatura está a cargo del examen a los jueces de la Corte. Pero el Consejo mismo viene de superar un proceso de depuración del que todavía no ha cosechado réditos en cuanto a confianza ciudadana. Si el examinador aún tiene cuentas pendientes con los ecuatorianos y sus examinados están, precisamente, siendo sometidos a un proceso de evaluación con el mismo fin de eliminar suspicacias, no se entiende que ninguna de las partes haya medido las consecuencias de intercambiar reproches.

La Judicatura quiere añadir a la evaluación factores de legitimidad y transparencia económica. La Corte protesta, con criterios legalistas, manifestando que ese tipo de análisis no es procedente. No hay que entrar en sus argumentos y no importa a quién dé la razón la ley o quién tenga mejores intenciones. Lo que trasluce de esta polémica es que hay dos instituciones, con demasiado peso en la tarea de asegurar un Estado libre de corrupción y de impunidad, que están ahora anteponiendo sus propios intereses al del bien común. Flaco favor le hacen al proceso de transición en el que, a marchas forzadas, ha entrado Ecuador desde hace casi dos años.

Si todos están de acuerdo en que el régimen anterior contaminó a las instituciones judiciales y dejaron de obedecer exclusivamente a los principios que rigen el Derecho, lo lógico sería que ahora todos contribuyeran para borrar cualquier sombra de duda. Una meta que, definitivamente, se ve trastocada por este proceso de evaluación de jueces en el que nadie sabe si lo que priman son las ganas de instaurar un sistema de Justicia pulcro o de conseguir la medalla de oro de cara al público.