Todos están pendientes de la Corte Constitucional

Todos estan pendientes de la Corte Constitucional

El panorama electoral de 2017 podría ser definido por la Corte Constitucional.

El panorama electoral de 2017 podría ser definido por la Corte Constitucional. A siete meses de las elecciones generales –en las que se elegirá al presidente de la República y a una nueva conformación de la Asamblea–, el organismo tiene en sus manos tres temas por resolver.

Las decisiones que tome podrían definir candidaturas o influir, según algunos actores políticos, en los electores al momento de ejercer su derecho al voto.

EXPRESO resume los temas sobre los que deberá pronunciarse el organismo constitucional antes de febrero.

Reelección

1. Hasta fin de mes, el Colectivo Rafael Contigo Siempre aspira a completar la recolección de firmas para convocar a una consulta popular que permita eliminar la transitoria que impide la reelección del presidente Rafael Correa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que se necesitan 929.062 rúbricas válidas, que corresponden al 8 % del padrón electoral. Este grupo dice que cuenta con 450.000. Todo un récord, si se toma en cuenta que empezaron hace casi un mes, con 7.120 voluntarios. Una vez que recojan el número de adhesiones requeridas, el CNE deberá verificar las firmas.

¿Dónde entra la Corte Constitucional? Si se validan las rúbricas necesarias, este organismo deberá calificar la constitucionalidad de la interrogante propuesta por el colectivo.

Luego, de ser el caso, dispondrá al CNE que convoque a la consulta en 15 días y 45 días más para llevar a cabo el plebiscito. El exvocal del CNE, Fausto Camacho, cree que el tiempo sería insuficiente para completar este proceso. Él considera que si Correa tiene la intención de candidatizarse, puede echar mano de otro recurso que también depende de la Corte.

Eliminar transitoria

2. Hay dos caminos: la Corte Constitucional puede recibir una demanda externa o el pedido de alguno de sus jueces para analizar el contenido de la transitoria que impide la reelección y desactivarla si determina que es inconstitucional.

La semana pasada, el presidente Correa mencionó esta posibilidad y dijo que, dependiendo de la agresividad de la oposición, podría anunciar su candidatura en octubre o regresar en 2021.

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, dijo el jueves que el Gobierno no está pendiente de la decisión que pueda tomar la CC en este sentido. “Como soy parte de los procesos constitucionales, sé que hay muchas demandas pidiendo la inconstitucionalidad de todas las enmiendas, pero no he conocido una demanda que pretenda la inconstitucionalidad de la transitoria”, dijo.

Sin embargo, no hace falta que alguien demande para que se revise esta propuesta en particular. “Podría ser otro el argumento, porque la Corte no ha actuado en función de análisis constitucional, sino de ciertos intereses políticos. La prueba de aquello es el tratamiento especialísimo que le han dado al Colectivo Rafael Contigo Siempre, más allá de que saben que no surtirá ningún efecto jurídico”, dijo Camacho.

El pacto ético

3. Incluir una papeleta adicional en las elecciones de binomio presidencial y de asambleístas, para preguntar si los ecuatorianos están de acuerdo con que se inhabilite de ocupar cargos de elección popular o públicos a personas con dinero en paraísos fiscales, altera el proceso, según Marcelo Larrea, de Democracia Sí.

“Son dos procesos distintos. Una consulta popular, incluida en el mismo momento electoral, distorsiona el pronunciamiento del electorado respecto a la elección, así como a la pregunta que se plantea”, dijo a EXPRESO.

La pregunta fue entregada el jueves a la Corte. Esta debe resolver la constitucionalidad hasta los primeros días de agosto. De este organismo depende calificar si la interrogante tiene una carga que direcciona al elector o viola algún derecho de participación.

Mera dijo que la consulta popular no busca sacar de la contienda electoral a ningún candidato en específico, sino que responde a los nueve años de lucha que lleva adelante el Gobierno para combatir lo que consideran son paraísos fiscales.

El abogado Milton Castillo cree que el interés real es deslegitimar a Guillermo Lasso, del movimiento CREO, quien ha reconocido que tiene inversiones en Panamá. “Pero, cuidado se puede virar la tortilla, habrá que ver cómo el electorado está valorando la palabra de cada actor político”, manifestó Castillo.