La historia política mexicana moderna tiene momentos lúgubres de dolor y vergüenza.

La salvaje represión que sufriera su juventud en octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas -Tlatelolco-, por orden del atrabiliario presidente Gustavo Díaz Ordaz, marcó un corte entre el funcionamiento de un sistema en que la colectividad aceptaba, cada vez de modo más relativo, la presencia de un aparato estatal como su representante, y una realidad expresada por el rechazo ciudadano a un núcleo de poder que se había consolidado como depositario de los abusos y los grises comportamientos, desde la instalación del PRI como instrumento de latrocinio y control social e institucional.

Ese partido, desde entonces, fue perdiendo su legitimidad y tuvo que mirar con resignación la llegada de su reemplazo.

El gobierno del derechista PAN, pese a haber sido el producto de un generalizado rechazo en contra del PRI, tampoco llenó las expectativas de los mexicanos, muchos de los cuales ya habían sentido, como burla, pocos años antes, la manipulación del pronunciamiento popular en las urnas para evitar la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, a la Presidencia de la República en representación de su partido, el PRD.

El sistema político mexicano ha sido permeado por los intereses del narcotráfico y casi ninguna tienda política ha estado exenta de la utilización hecha por los capos de los poderosos carteles de ese ilegal negocio.

Este estado de postración moral no varió con el advenimiento del gobierno de Peña Nieto.

Las denuncias de tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable de su consorte, la actitud depredadora de las “fuerzas del orden”, y la participación de gente del entorno del poder en actos dolosos, cohonestan el comportamiento vergonzoso e indigno del titular del Ejecutivo, cuando invita, como jefe de Estado, al cavernario republicano Donald Trump, enemigo jurado de los migrantes y enfermizo recuperador de esa lógica imperial propiciadora del caos y la guerra.

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