Una condena de 34 años y 6 meses de prisión, más una multa de 1.500 salarios básicos unificados y 30.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima, deberá pagar Fernando Segundo Almea Ortiz, por la muerte de su conviviente Ana Mercedes Torres Alvarado.

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas acogió las pruebas que presentó el fiscal Santo Ardila Zambrano, quien llevó el caso, registrado el pasado 27 de abril, en el cantón Durán. La mujer de 42 años, fue apuñalada en el patio de su casa, ubicada en la manzana D4 de la cooperativa Héctor Cobos.

La Fiscalía detalló que ese día, Fernando Segundo se encontraba con unos amigos en el exterior de su vivienda cuando mantuvo una discusión con su conviviente, lo que desencadenó una confrontación verbal de ambas partes; posterior al hecho, el procesado ingresó a la vivienda y tomó un cuchillo, fue al dormitorio donde se encontraba descansando la mujer y la apuñaló por once ocasiones. La mayoría de heridas en la espalda, brazos y rostro.

“Algunos familiares que convivían en el hogar trataron de evitar la fuga del victimario, quien escapó del lugar. La mujer murió desangrada en el domicilio, la intervención de la Policía Judicial pudo ubicar al ejecutor horas después, para detenerlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales”.

Doce horas después de lo ocurrido, el atacante pidió perdón a través del muro de su cuenta de Facebook. El hombre fue detenido en una vivienda de la ciudadela El Triunfo del cantón Daule, informó en ese entonces la Policía.

Tras las investigaciones, Almea Ortiz fue procesado y acusado por el delito de femicidio. El fiscal Ardila presentó como pruebas documentales, el acta de levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia. También el reconocimiento del lugar, la reconstrucción de los hechos, el informe de interceptación de llamadas, la explotación y extracción de información al teléfono celular del procesado, el testimonio anticipado de la hija de la víctima; además de la presentación de diez testigos, entre agentes aprehensores, médicos, psicólogos y otros familiares de la fallecida, detalló la Fiscalía.