César Merizalde. Comandante general de la Fuerza Aérea.

Patino acepta que la Fuerza Aerea esta “disminuida”

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) celebró ayer sus 96 años de vida institucional y, durante el acto castrense en Quito, su comandante general, César Merizalde, aprovechó su discurso para hablar de la importancia de contar con los recursos económicos ne

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) celebró ayer sus 96 años de vida institucional y, durante el acto castrense en Quito, su comandante general, César Merizalde, aprovechó su discurso para hablar de la importancia de contar con los recursos económicos necesarios “para mantener a la fuerza operativa”.

No habló abiertamente de falta de dinero, pero sí de la necesidad de capacitación para el personal y de lo “vital” que es para el país “contar con una fuerza aérea tecnológicamente desarrollada y dotada de los medios adecuados para el control del espacio aéreo”.

No hizo referencia a que la FAE ya no tiene los siete helicópteros Dhruv porque cuatro se accidentaron y otros tres quedaron definitivamente fuera de operación, pero el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, reconoció que la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana está “disminuida” por las labores que ejecuta en la zona devastada por el terremoto del 16 de abril. Sin embargo, dijo, esa capacidad se está recuperando.

Patiño no quiso hablar de los helicópteros Dhruv por la demanda que la empresa india HAL inició contra el país por la terminación unilateral de compra de las siete aeronaves. De lo que sí habló fue del apoyo que el Gobierno nacional ha otorgado a las Fuerzas Armadas en los últimos diez años.

Dentro de ese contexto anunció que se consiguieron los recursos para la reparación de la pista de la base aérea de Taura, que está deteriorada.

También anunció que pronto -a finales de este año- estarán en funcionamiento los cuatro radares comprados a España y que están en proceso de instalación en diversos lugares del territorio nacional.

Su adquisición fue después de la compra de radares chinos que, tras ser instalados, no funcionaron, lo que llevó a rescindir el contrato con la compañía vendedora que, según el Gobierno, devolvió el anticipo de 39 millones de dólares.