Participacion desmonta el correismo
La existencia de un error inexcusable en materia judicial debe ser decidida por un juez. Luego, el Consejo de la Judicatura debe encargarse de dictar una sanción. No ocurrió así. La Judicatura de Jalkh actuó por cuenta propia.
El informe fue demoledor, pero ni Gustavo Jalkh ni ninguno de sus compañeros del Consejo de la Judicatura estuvieron ahí para escucharlo. Julio César Trujillo, que sabe de dónde proviene su autoridad, que en cada sesión del Consejo de Participación transitorio sale al balcón a saludar a las masas que lo aclaman, eligió un teatro (el Universitario, no cualquiera) para dar su golpe de gracia a la piedra angular de la institucionalidad correísta. Entre el apoyo de la multitud y la celebración de las tribunas, el Consejo de la Judicatura fue depuesto en pleno, sus actuaciones fueron desconocidas como ilegítimas y un enmarañado camino de reclamaciones y enmiendas se abrió en el campo jurídico ecuatoriano.
Barras, consignas, pancartas en la más pura tradición del asambleísmo de izquierdas. Banderas de la UNE, de la FEUE y del Partido Socialista, carteles del Colegio de Abogados y del Frente Nacional por la Dignidad Judicial. Insignes figuras de la academia y de la política sentadas en las primeras filas. Lleno a rabiar.
La sesión consistió básicamente en la lectura del informe (que tomó cinco horas al esforzado secretario) y que desmontó punto por punto, con rigor jurídico, todos los argumentos que Jalkh expuso el día de su comparecencia. Empezando por sus propias competencias para hacerlo. Que las más de 800 denuncias anónimas receptadas por Participación carecen de la formalidad jurídica necesaria para sustentarse como pruebas, había argüido Jalkh. Que ese tipo de denuncias son recomendadas en estos casos por el derecho internacional para incentivar la participación y proteger a los denunciantes, le corrigieron.
El CPCCS deslegitimó al Consejo de la Judicatura desde su propio origen, viciado por la parcialidad de sus nominadores, por el conflicto de intereses evidentes de cuatro de sus miembros, por la ineptitud profesional de alguno de ellos...
“Este organismo se ha caracterizado por obrar fuera de la legalidad”, dice el informe en una de sus frases conclusivas menos incendiarias. No solo habla de conflicto de intereses y concursos amañados (que siempre fueron del dominio público) sino de delitos aún más gruesos. Tráfico de influencias en la nominación de notarios, donde algún puesto apetecible le tocó en fortuna nada menos que a una prima del presidente de la República, entre otra veintena de casos. Hackeo detectado en el sistema informático de los jueces, con el fin de modificar sus sentencias desde la cuenta de otros usuarios. Encubrimiento de irregularidades conocidas por los miembros del Consejo. Utilización de mecanismos informáticos para ocultar información pública que no se quería divulgar... Lo de Jalkh y sus colegas, más que un currículum, parece un prontuario.
Cada nueva declaración contundente del informe era saludada con gritos y aplausos por el público, que tuvo una evolución inusual y propia. Cientos de estudiantes que llegaron en un primer momento desaparecieron al mediodía, llevándose sus banderas de la UNE. Luego sus puestos fueron nuevamente ocupados por abogados y empleados judiciales que exigían cárcel para Jalkh y le gritaban de todo.
El golpe de gracia lo dio la Comisión en el capítulo sobre el error inexcusable, el argumento favorito de Jalkh para cesar jueces que no se adaptaran a sus políticas. Si él citaba una lista interminable de horrores judiciales que merecían ese castigo, Participación le recordó una lista no menos grande de fallos no menos horrorosos que no merecieron ninguno. Y no solo que la aplicación de esta medida fue selectiva sino ilegal. El Consejo de la Judicatura, concluyó el informe, solo puede aplicar sanciones, no resolverlas. Eso compete a los jueces.
Todo lo hizo mal el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Por favorecer al gobierno, concluye el informe de Participación. “La injerencia -anota- ha sido sistemática”. Se seguirá investigando y vendrán los reclamos de los depuestos, la reestructuración de las cortes, la revisión de los casos... El edificio de la institucionalidad correísta ha empezado a derribarse.
Vocales rechazan calificativos de la resolución
En el Consejo de la Judicatura hubo un comunicado público rechazando “los calificativos vertidos de manera infundada en la resolución” del Pleno del Consejo transitorio.
Los vocales consideraron que las aseveraciones vertidas en más de cinco horas de lectura de resolución son carentes de fundamento técnico, jurídico o fáctico para pretender sustentar las opiniones que calificaron de ‘parcializadas’.
Para ellos se ha evidenciado una nueva violación al debido proceso, por lo que aseguran es la inclusión en temas que no les fueron notificados para ejercer su derecho a la defensa.
El jueves Gustavo Jalkh y sus compañeros abandonaron la audiencia en la que debían ejercer su derecho a la defensa.
En el comunicado cuestionaron el uso de otros parámetros de evaluación no indicados en el mandato de evaluación de autoridades.
La Judicatura hará un pronunciamiento oficial hoy a las 11:00. Los vocales impugnarán la resolución. MCV
