Era un secreto a voces, ya que es parte ineludible de los acuerdos “asumidos” con el FMI, que constan en la carta de intención suscrita por el gobierno de Moreno para acceder a facilidades crediticias para seguir pagando deudas externas y solventar la crisis fiscal (que para el ministro Martínez es la mejor negociación lograda en la historia económica del país; así también piensan Hurtado, Dahik o Pozo) y que marca el retorno del Ecuador a los beneficios, sin parangón, de los fondos multilaterales después de una ausencia de una década. Debemos resaltar que la negociación, suscripción y ejecución del acuerdo con el FMI le ha tomado al régimen, hasta ahora, más de la mitad de su período gubernamental, particularmente por la necesidad de satisfacer a las demandas crecientes y voraces de los grupos dominantes empresariales, como de sus aliados políticos (fueron los únicos escuchados, mientras los otros asistieron como “convidados de piedra”), que habiéndose siempre beneficiado durante la década correísta, quieren ganar más del gatopardismo de la continuidad rupturista.

El tiempo y credibilidad perdidos entre el acuerdo de marras y la difusión pública de las obligatorias reformas estructurales han provocado, a nuestro criterio, las siguientes trabas: 1.- La opción del gobierno de Moreno, desde su inicio, de beneficiar predominantemente a la inversión privada. Aun con su asistencialismo clientelar hay un distanciamiento creciente de los sectores sociales a su gestión (solo el 20 % de la población apoya y cree en él, según Cedatos). 2.- Nunca ha cumplido su propuesta de austeridad gubernamental, no ha seguido ni siquiera su propio programa de gobierno a pretexto de que es muy correísta. Hasta ahora no ha reducido el gasto corriente ni el tamaño del Estado, según los interesados neoliberales. 3.- El equipo de los Millenial (Martínez, Roldán, Ontaneda y Madero) no ha sido capaz de calcular el impacto social de las reformas y las reacciones conflictivas de la gente del común; y, 4.- Parecería que la errática Asamblea no lograría adicionar un apoyo político a las urgentes reformas y que estas serían aprobadas por el ministerio de la ley.