Paolina Vercoutere denuncia persecución política en Ecuador: “No es un caso aislado”
La viceprefecta de Imbabura habló sobre los dos juicios que enfrenta, además sobre el Estado de Derecho en Ecuador

La política Paolina Vercoutère Quinche es la viceprefecta de Imbabura.
Paolina Vercoutere, viceprefecta de Imbabura, asegura que enfrenta dos procesos judiciales en medio de lo que considera un patrón de persecución política contra autoridades locales y dirigentes. Afirma que estas acciones han impactado su gestión, denuncia la falta de canales de diálogo con el Gobierno y advierte sobre un retroceso en derechos y un clima de temor para quienes cuestionan al poder. Pese a ello, sostiene que continuará en la vida política defendiendo sus convicciones.
En su paso por Quito, donde participó en el encuentro ‘El poder de nosotras en los territorios’, insiste en que su caso no es aislado. Plantea la necesidad de que las izquierdas progresistas encuentren puntos en común para enfrentar lo que denomina una política “antiderechos”, en un contexto que —dice— guarda similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos. En esta entrevista, aborda los procesos que enfrenta y la imposibilidad de articular con autoridades del Ejecutivo.
- Luego del paro de septiembre pasado, usted fue una de las personas denunciadas en su provincia. ¿Cómo va su caso?
Tengo dos casos en curso abiertos en la justicia ecuatoriana. Se repite el patrón de persecución a dirigentes y actores políticos en todas las provincias, desde el gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa. El primero, paralelo al bloqueo de mis cuentas, es por presunto enriquecimiento ilícito; el segundo, por supuesto financiamiento a terrorismo.
- ¿Esos procesos afectan su gestión en la Prefectura?
He recibido varias acciones como autoridad política en la provincia que buscan limitar y ralentizar mi gestión como viceprefecta. Entre estas, el cierre de convenios para dar la alimentación a más de 3.600 niños y niñas de Imbabura, sin ninguna explicación, por parte del Ministerio de Educación. En el 2025 teníamos un presupuesto de 300.000 dólares para alimentación. Hay hambre, tenemos niveles de deserción por precariedad económica, desempleo. Entre más de 160 escuelas, queríamos llegar a 45. Pero dijeron que se harían cargo.
- ¿Intentó hablar con alguna autoridad nacional?
Le dije a la ministra que nos deje ingresar para atender a esas escuelas. Pero la posibilidad de conversación con alguna autoridad estatal es nula. No se puede articular con ningún ente de Gobierno.
Ni siquiera hay una política rectora en temas de derechos de mujeres, tras la eliminación del Ministerio de la Mujer. No sabemos quién está a cargo, pese a que en las instalaciones de Warmi acogimos uno de sus centros Violeta. Es un claro retroceso en derechos y ahora otro ataque, con la reforma al Cootad.
- Ustedes quisieron participar del debate de esa ley.
Hay oídos sordos en todos los niveles del Estado, hasta en la Asamblea, con esa mayoría que promueve y aprueba leyes nefastas. Con la Red de Viceprefecturas pedimos ser escuchadas y no se pudo.
- Desde algunos sectores políticos se dice que hay algunas ‘banderas rojas’ que ponen en riesgo la democracia. ¿Cómo lo ve usted?
Estamos viviendo una falsa democracia, solo discursiva y que se asienta en formas y en lo que se dice en redes sociales. No es un Estado de Derecho, es un sistema autoritario, de persecución y realmente un ataque a todo lo que sea disidencia o cuestionamiento político. Hay un patrón de persecución, de falta de democracia y de silenciamiento. Vemos, como nunca, a seudomedios pautados que replican esta narrativa. Se amedrenta y limita a medios.
Con las reformas al Cootad se busca dar un golpe a los gobiernos locales, que tenemos gestiones eficientes.
- ¿Qué tan grave es lo que pasa en el país?
La democracia está en riesgo y quienes defendemos derechos y tenemos una posición como defensores y lideresas indígenas estamos perseguidos. Hay racismo.
- ¿No es un caso aislado?
No hay pruebas para que levanten procesos, es un patrón que se repite con otras autoridades. Hay una utilización de la justicia y de todos los poderes para perseguir, imponer el miedo en territorios y callar voces.
- Juicios contra usted, el presidente de la UNE, la excandidata a la Vicepresidencia por UP Pacha Terán... ¿Buscan desgastarlos?
Por mi parte, vivo un desgaste que afecta mi salud psicológica y emocional, a mi familia y mi presencia política. He recibido ataques en espacios digitales, racistas, por mi militancia política, por ser kichwa. Soy madre de dos hijos en la universidad. Al menos seis meses de mi sueldo han financiado a penalistas para defenderme en el primer caso. En el segundo caso tengo abogados de organizaciones de mujeres que me apoyan.
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- ¿Cómo ve la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?
Total solidaridad con Aquiles, aunque sé que esa posición me expone más, pero no podemos quedarnos callados. Quienes militamos en la Revolución Ciudadana sentimos temor. La asambleísta (de ADN) Diana Jácome nos pidió ponernos una buena pijama. Eso mismo hacemos.
- Pese al temor que admite sentir, ¿seguirá en política?
Me pronuncié porque mi provincia estuvo militarizada. Enfrentamos la muerte de tres comuneros.
Con temor, pero cada día diciendo que es necesario estar de pie, nunca de rodillas, para defender lo que creemos. No le debemos nada a nadie, no tenemos rabo de paja para escondernos. Solo luchamos por lo que es justo.
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¿Quién es Paolina Vercoutere?
Hija de madre kichwa y padre francés. Ingeniera en Desarrollo Social y Cultural por la Universidad de Otavalo. Tiene una maestría en Género y Políticas Públicas de la Flacso. Fue la primera gobernadora kichwa de Imbabura, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, asambleísta alterna y concejala.
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