La disputa comercial entre Ecuador y Colombia deja lecciones para la integración andina

La eliminación de la tasa de seguridad que Ecuador aplicaba a las importaciones provenientes de Colombia abre una nueva etapa en la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, Armando Garavito, ex consultor internacional en control aduanero, en la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), advierte a Diario Expreso que el levantamiento de la medida no implica una recuperación inmediata del comercio ni de la confianza empresarial.

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- Ecuador eliminó la tasa de seguridad que aplicaba a productos colombianos. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el comercio bilateral vuelva a la normalidad?

- Lo importante es que Ecuador ya eliminó la medida. Sin embargo, la normalización total dependerá también de las decisiones que adopte Colombia. Desde la normativa andina, este tipo de tasas no deberían existir porque constituyen obstáculos al comercio intracomunitario. Mientras ambos países no regresen plenamente a las reglas de la Comunidad Andina, el proceso de recuperación será gradual.

Pymes e inversiones las más afectadas

-¿Por qué una medida de este tipo genera tanta preocupación?

- Porque no se trata únicamente de una decisión política, sino de una medida con consecuencias económicas y sociales. Durante 57 años, la Comunidad Andina ha construido una red de micro, pequeñas y medianas empresas que generan millones de empleos. Cuando se impone una tasa adicional, quienes terminan pagando el costo son las empresas y los trabajadores.

- ¿El daño ya está hecho, aunque se eliminen las tasas?

- En gran medida sí. Durante los cuatro meses que estuvieron vigentes estas medidas, muchas empresas pudieron haber reducido operaciones o incluso prescindido de trabajadores. Ese impacto no desaparece automáticamente cuando se elimina la tasa.

- Usted sostiene que las grandes empresas resisten mejor este tipo de conflictos comerciales. ¿Por qué?

- Porque tienen alternativas. Una gran empresa puede cambiar de proveedor o buscar otros mercados. Si comprar en Colombia se vuelve más caro, puede importar desde otro país. Las pequeñas y medianas empresas no tienen esa flexibilidad. Por eso son las más perjudicadas cuando se generan barreras al comercio.

- ¿Este tipo de conflictos afecta también la llegada de inversiones?

- Sin duda. Un inversionista extranjero analiza la estabilidad de las reglas. Si observa que los países no respetan acuerdos comunitarios que ellos mismos firmaron, puede concluir que existe incertidumbre jurídica y preferir invertir en otro lugar.

La devolución de la tasa cobrada por Ecuador

- Ecuador ha señalado que podría devolver los valores cobrados si así lo determina la Comunidad Andina. ¿Qué dice la normativa?

- Existe una interpretación prejudicial reciente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida el 18 de mayo, que recuerda que cuando una autoridad aduanera cobra valores que no corresponden, existe la obligación de analizar su devolución. Además, el tribunal señala que los efectos de una medida incompatible con la normativa andina se producen desde el momento en que fue aplicada y no desde cuando la Secretaría General determina su incumplimiento.

- ¿Eso significa que Ecuador está obligado a devolver el dinero?

- No automáticamente. El tribunal no resuelve el caso concreto. Lo que hace es orientar al juez nacional. Será la justicia ecuatoriana la que determine finalmente si procede o no la devolución y bajo qué condiciones.

- ¿Existe algún antecedente similar?

- Sí. Hubo casos relacionados con salvaguardias y también con una tasa aplicada en 2017. En ese momento, la Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que la medida no era compatible con la normativa comunitaria. Ahora corresponde a los jueces nacionales analizar las solicitudes de devolución que presenten los afectados.

- ¿Colombia también tendría que devolver recursos si se determina que actuó de manera similar?

- En principio sí. Si existe un pronunciamiento que establezca que una medida fue incompatible con la normativa andina, los afectados podrían reclamar sus derechos siguiendo los procedimientos correspondientes en cada país.

Otras restricciones comerciales

- Más allá del caso Ecuador-Colombia, ¿qué lectura hace sobre la tendencia mundial de imponer aranceles y restricciones comerciales?

- Lo que estamos observando no es el fin del libre comercio, sino un reordenamiento del comercio internacional. Los países están buscando nuevos socios y mercados. La Unión Europea, por ejemplo, está fortaleciendo relaciones con economías con las que antes tenía menos acercamiento. El comercio global no se detiene; simplemente se adapta.

- ¿Estamos frente a un nuevo mapa comercial mundial?

- Sí, de alguna manera. Los países están redefiniendo sus relaciones comerciales en función de las nuevas circunstancias. Eso no significa que desaparezca el comercio internacional, sino que se reorganizan las cadenas de suministro y las alianzas estratégicas.

-¿Cuál cree que será el futuro de los aranceles impulsados por Estados Unidos?

- Considero que tenderán a moderarse. Estados Unidos está observando que otros países están buscando alternativas y fortaleciendo relaciones con otros mercados. Al final, el comercio internacional encuentra mecanismos para adaptarse y las restricciones excesivas suelen corregirse con el tiempo.

La fortaleza de la CAN

- ¿La Comunidad Andina sale debilitada de este episodio?

- Todo lo contrario. La Comunidad Andina demuestra que cuenta con instituciones, normas y mecanismos para resolver controversias. Su fortaleza radica en que ha construido un marco jurídico sólido y ha facilitado durante décadas el comercio y la generación de empleo entre los países miembros.

- Entonces, ¿Ecuador y Colombia no deberían volver a aplicar medidas similares?

- Lo ideal es que no. Cada país tiene derecho a proteger sus intereses, pero también tiene la obligación de respetar los compromisos asumidos dentro de la Comunidad Andina. Antes de adoptar una medida de este tipo, se debe evaluar cuidadosamente el impacto que tendrá sobre las empresas, el empleo y el bienestar de la población.