Panama, istmo entre Fiscalias
Colombia, Perú y México envían sus fiscales a la cita con Suiza y Ecuador. Es la ocasión de enrumbar el regreso del dinero.
Panamá asegura que el caso Odebrecht ha generado 57 asistencias judiciales y que hay siete acuerdos de pena y colaboración aún en desarrollo. La trama de corrupción en 12 países movía dinero entre paraísos fiscales y empresas para esconder el rastro de las coimas. Un entramado que, obligadamente, solo puede desvelarse con colaboración. Ecuador ya ha pedido asistencia penal internacional a 18 Estados y hoy tiene la oportunidad de profundizar en los acuerdos de cooperación. Sobre todo, para recuperar el dinero desviado.
El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, está desde hoy y hasta mañana en Panamá para reunirse de forma binacional, primero, con la procuradora general (su homóloga) panameña, Kenia Porcell, y después con el de Suiza, Michael Lauber.
Habrá además una cita multilateral de fiscales donde también estarán Colombia, Perú y México, según informó Efe.
Las reuniones son de carácter privado y no ha trascendido el detalle de lo que podrá obtenerse de Panamá y Suiza, salvo la somera explicación de profundizar en la cooperación.
Ecuador ya se reunió con Porcell en junio y se llegó a tres acuerdos para intercambiar más información y hacerlo más rápidamente. Aparte de obtener de Suiza el detalle de la doble contabilidad con la que Odebrecht respaldaba las coimas pagadas en todo el mundo, con nombres en clave, Baca Mancheno podrá enrumbar el proceso hacia la recuperación de los dineros.
El fiscal general ya comentó esta semana en una entrevista radial que el rol de la Fiscalía, pese a ser preponderante en la parte del proceso prejudicial y judicial, incluye la ejecución de la sentencia y recuperación de activos. Eso sí, acompañado de la Procuraduría General del Estado, que por el momento cifra el monto del perjuicio generado por el saqueo de la corrupción en torno a los 50 millones de dólares.
En Panamá se localizan 11 empresas offshore con las que se triangularon pagos a funcionarios públicos ecuatorianos, entre ellos, presuntamente, al tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera. Y además Panamá acudió recientemente a Andorra para iniciar un convenio bilateral orientado específicamente a la recuperación de activos.
La investigación en Andorra ya reveló en julio que el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, procesado por lavado de activos, había movido un millón de dólares a través de las cuentas en Andorra.
Si Ecuador no firma un convenio de este tipo en la doble cita con los fiscales de Panamá y Suiza (que es uno de los tres países, junto a Reino Unido y EE. UU., en los que más se esconden fortunas de origen ilícito), también podría definir los primeros pasos en esa ruta.
Los acuerdos de colaboración son imprescindibles para que Ecuador pueda tramitar -y materializar realmente- el regreso del dinero desviado, tal y como explicó para EXPRESO el auditor forense de Deloitte México, Fernando Cevallos.
Lo reiteró el director binacional de Ecuador y Perú de la Organización de Especialistas en Delitos Financieros, Douglas Torres Feraud. Y resaltó que estos convenios, hasta ahora invisibles públicamente, deben firmarse entre instituciones (fiscalías, procuradurías, superintendencias) de otros países.
