Paises en desarrollo: como financiar los ODS
Con objetivos tan amplios como poner fin a la pobreza en todas sus formas y prestar una educación de calidad universal para 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son altamente ambiciosos. Para que el mundo los alcance será un factor crucial el dinero, particularmente las finanzas públicas. Tradicionalmente, la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) desempeñaría una función central en la financiación de una agenda como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que abarca los 17 ODS, pero no bastará en tiempos en que la retórica nacionalista y las políticas aislacionistas ganan peso en algunos de los mayores países donantes del planeta, comenzando con EE. UU. En el mejor de los casos, la ayuda extranjera se ha mantenido sin variaciones y no se espera que aumente. Existe la clara posibilidad de que el fantasma de una recesión global -elevado por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump- signifique una reducción en ingresos procedentes de países donantes, junto con un aumento de la demanda interna de gastos públicos. No son buenos augurios para los flujos de ayuda extranjera. Esto implica que para implementar los ODS, los países en desarrollo deberán depender cada vez más en sus propios recursos. La Agenda 2030 prevé este imperativo: el primero de los 17 ODS es “fortalecer la movilización de recursos internos... para mejorar la capacidad nacional de recaudación de impuestos y otros ingresos”. Nuestros estudios muestran que la eficacia de la recaudación de impuestos y la solidez de los sistemas presupuestarios depende de forma crucial del grado en que las instituciones políticas dispongan de mecanismos de limitación del poder Ejecutivo. Los gobiernos con sistemas creíbles e institucionalizados de controles y equilibrios tienden a recaudar más ingresos por impuestos y a tener procesos presupuestarios más transparentes y predecibles. Un motivo de peso para esto es la capacidad de rendición de cuentas. Dar a un solo ejecutivo un control prácticamente ilimitado de los recursos financieros estatales eleva el riesgo de que se produzcan cambios repentinos en las prioridades presupuestarias, y aumenta la tentación de gastar más en proyectos que enriquezcan a unos pocos a expensas del bien público. Pero cuando los líderes políticos no pueden usar a su arbitrio los ingresos estatales se elevan las probabilidades de que fortalezcan la capacidad fiscal del gobierno, lo que incluye su habilidad de diseñar, implementar y monitorear el presupuesto. Según nuestros estudios, implementar mecanismos de limitación del poder Ejecutivo produciría, tras cerca de nueve años, un aumento de 2,4 % de la proporción del PIB en los ingresos del impuesto a la renta y los ingresos generales. Tales cambios también elevarían la calidad de la planificación fiscal Estos avances se podrían traducir en más libros de texto en las escuelas locales, más vacunas para los servicios de salud locales, así como más recursos para los programas de reducción de la pobreza. En otras palabras, un sistema tributario limitado por instituciones que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas podría ser un importante avance hacia el logro de los ODS. Los efectos no serán inmediatos. La reforma institucional es un proceso gradual y los cambios legales no se traducen inmediatamente en cambios conductuales.