El pais heredo desorden en la compra de medicamentos

  Actualidad

El pais heredo desorden en la compra de medicamentos

Recomendaciones. El ente de control hizo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Recomendaciones. El ente de control hizo observaciones de cumplimiento obligatorio para el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Es una constante. Los procesos de compras públicas del Gobierno anterior acumulan fallas técnicas, económicas y administrativas. La adquisición de medicamentos, por ejemplo, estuvo plagada de incumplimientos que afectaron a los usuarios de la Red de Salud Pública.

En 2016, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) realizó un proceso de subasta inversa para adquirir medicinas destinadas a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de los institutos de seguridad social de policías y militares. Ahí se detectaron irregularidades desde la elaboración precontractual, durante la adjudicación y hasta en la administración del contrato.

Según la Contraloría General del Estado, el escaso control provocó que haya atrasos en la entrega de medicinas para los distintos hospitales públicos. Es decir, no hubo fármacos para la ciudadanía.

Ante las demoras e incumplimientos, los gerentes de los hospitales Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Enrique Garcés, Carlos Andrade Marín y Pablo Arturo Suárez tuvieron que hacer compras adicionales. El ente de control no determinó el doble gasto generado.

Lo que sí fue determinado es que los administradores del proceso “no realizaron acciones oportunas ante la falta de entrega de medicamentos, entregas parciales e incumplimientos de plazos y cantidades por parte de los proveedores”. Los responsables tampoco presentaron al director general del Sercop “propuestas para solventar las falencias detectadas, ya que se comprobó que las órdenes de compra generadas por las unidades de salud tuvieron hasta 96 días de vencimiento en la entrega de medicamentos por parte de los proveedores adjudicados”.

La Contraloría también determinó, en su informe DNA1-0057-2018, que se usaron más de 43,4 millones de dólares para la subasta inversa de compra de medicamentos. En total, en 2016, se realizaron 115 procesos.

En todos los procedimientos se detectó otra falla inicial grave. El Sercop y los representantes de la red de salud pública no solicitaron “la inclusión de procesos de verificación de la capacidad de producción de las empresas” adjudicadas. Es decir, en la primera fase de la contratación no se evidenció si las proveedoras podían cumplir con los ofrecimientos de medicamentos. Eso puso en riesgo el “cumplimiento del objeto de contratación”.

Este Diario consultó al Sercop sobre la corrección de procesos que ordena la Contraloría. La entidad respondió que se aplican todas las recomendaciones y los niveles de errores descienden de manera positiva.

Los procesos de contratación mediante subasta inversa, en la administración de Silvana Vallejo, han mejorado sus indicadores. Claro que, reconocen las autoridades, aún hay fallas que deben tener una corrección técnica, de forma y de fondo. Hace falta, dijo Vallejo en conversación con EXPRESO, una reforma integral a la Ley de Contratación Pública. El texto está en manos del Ejecutivo e irá a la Asamblea en 2019.

Las compras públicas en Ecuador

Durante 2018, según el boletín estadístico del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la compra de medicinas fue menor que el año pasado. De enero a noviembre se adjudicaron 141,3 millones de dólares por fármacos. En el mismo periodo de 2017 se asignaron 190,5 millones.

Subasta

La subasta inversa como mecanismo de compra pública fue el más utilizado por el Estado en este año. La herramienta es parte del régimen común de compras y sumó, de enero a noviembre, 1315,8 millones de dólares por 18.636 procesos. Por régimen común se adjudicaron 4.608 millones de dólares.

Especial

El régimen especial, a diferencia del Gobierno anterior, fue el mecanismo menos usado, durante este año. El sector público (Gobierno central, prefecturas, municipios, empresas públicas y juntas parroquiales) acudió a esta forma de contratación por 1.157,2 millones de dólares.